La Fiscalía abre diligencias para investigar contratos del Patronato de Turismo de Castelló tras denuncias de la oposición
La oposición alerta de posibles irregularidades en la contratación menor basándose en un informe de Intervención, mientras el equipo de gobierno defiende la legalidad de los procedimientos y apela a la transparencia
La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la contratación realizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castellón durante 2024, tras las denuncias presentadas por los grupos municipales del PSOE y Compromís. La decisión se basa, según la oposición, en la existencia de “indicios suficientes” detectados en un informe previo de la Intervención General del Ayuntamiento.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que hasta ahora existían “advertencias técnicas” por parte de los servicios de intervención, pero que con la actuación del Ministerio Fiscal “se da un paso más” para esclarecer lo ocurrido. Según ha explicado, las denuncias de ambos grupos se centran en el uso reiterado de contratos menores en la gestión del organismo.
Puerta ha asegurado que más del 70% de la contratación del Patronato se habría realizado mediante este tipo de contratos, alcanzando una cifra superior a 680.000 euros. A su juicio, este modelo “reduce la concurrencia y genera una falta de transparencia”, especialmente en actividades que considera previsibles, como ferias turísticas o campañas estacionales.
Además, ha citado el informe de Intervención, que advierte de la posible existencia de contratos reiterados con un mismo proveedor que “podrían incurrir en fraccionamiento”, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público. Con todo, ha pedido prudencia y ha subrayado que corresponde ahora a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Ignasi García, ha calificado el informe técnico como “demoledor” y ha afirmado que en él se apunta a posibles incumplimientos de la normativa vigente en materia de contratación. Según ha indicado, el documento cuestiona la justificación de algunos procedimientos y la ausencia de concurrencia en la adjudicación de contratos.
García ha anunciado que su grupo solicitará la creación de una comisión de investigación política para analizar estos hechos, al considerar necesario aclarar si la gestión ha beneficiado a determinadas empresas frente a otras. También ha insistido en que será la Fiscalía la que determine si existe o no responsabilidad penal.
Ambos grupos han confirmado que la apertura de diligencias les fue comunicada el pasado 26 de febrero y han señalado que decidieron hacer pública la información tras la celebración de las fiestas de la Magdalena, apelando a la “lealtad institucional”.
Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha restado gravedad a la situación y ha defendido la actuación del equipo de gobierno. En declaraciones remitidas a los medios, ha afirmado que la admisión a trámite de la denuncia “es un procedimiento habitual” y ha pedido esperar a conocer su recorrido.
Miralles ha negado que el informe de Intervención hable de ilegalidades y ha sostenido que se limita a plantear mejoras en los procedimientos administrativos. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento ya está trabajando en la implementación de esas recomendaciones.
Asimismo, ha acusado a PSOE y Compromís de “judicializar la política” y ha defendido que las prácticas señaladas “son las mismas que existían en etapas anteriores”, cuando ambos partidos formaban parte del gobierno municipal. También ha destacado que los informes de control financiero actuales son, en su opinión, una muestra de transparencia.
La edil ha reivindicado, además, la gestión turística del actual ejecutivo, señalando que se está desarrollando una estrategia para la ciudad y profesionalizando el funcionamiento del Patronato.
Mientras tanto, la investigación queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal.