El traslado de la Cruz de Ribalta, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, es, desde el primer momento, motivo de disputa en el ayuntamiento. El PP, con el apoyo del grupo Abogados Cristianos, se posiciona en contra del desplazamiento. Begoña Carrasco, portavoz de los populares, ha pedido que la alcaldesa "dedique los 80.000 euros a asfaltar calles". Considera que, en la lista de prioridades de la ciudad, no se encuentra la retirada de la cruz: "que se quede donde está, porque no molesta a nadie. Es un símbolo religioso que forma parte de un monumento resignificado por acuerdo plenario en el año 1979".
Por su parte, la asociación de Abogados Cristianos ha interpuesto reiterados recursos, en el juzgado, contra el traslado. Han denunciado que Solaris Purgaret es "insolvente" y que, en caso de que la cruz se destruya, no responderá. Por contra, el concejal de urbanismo, José Luis López, afirma que tienen la autorización del juez. Así pues, advierte a la empresa que si se retira por evitar una represalia legal, como ya ha avanzado en un comunicado, será sancionada.
Así mismo, la cruz no es el único frente abierto en la capital de la Plana. El PP reprocha a Amparo Marco, la alcaldesa, que se sigan sin controlar los vertederos ilegales. Como solución, proponen la creación de una brigada ambiental y que las cámaras que, actualmente, se utilizan para controlar que no entren coches en la zona peatonal del centro pasen a vigilar que nadie tire residuos en estas zonas.