Según sostiene el colectivo en un comunicado, en nota informativa con fecha de 8 de agosto la dirección del centro informa a la plantilla de que el servicio de transporte diario de funcionarios "quedará sin servicio el día 31 de agosto, último día de prestación de servicio" porque "no se ha renovado el contrato dado el elevado coste" de servicio.
Las opciones que se ofrecen a los trabajadores son, según la organización, utilizar el vehículo propio y la línea regular que lleva a los familiares de los reclusos al centro penitenciario.
Ante esta situación, APFP ha manifestado en sendos escritos registrados a la directora del centro y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, su "más claro rechazo" a esta decisión "tanto en su fondo como en su forma" y ha criticado que la misma se ha decidido "de forma unilateral, sin siquiera licitar el servicio". Y han reclamado que se realice la licitación del servicio.
En esta línea, la asociación ha advertido de que una línea de autobús con paradas, horarios y recorridos fijos y de uso público, donde no hay identificación del usuario que accede a la misma, "no parece que case muy bien con los más elementales principios de seguridad".
Además, ha considerado que esta situación puede suponer "una violación del principio de igualdad del personal penitenciario del centro respecto a otros centros penitenciarios que sí dispondrán de transporte, además del quebranto económico para los afectados que, a diferencia de sus compañeros destinados en otros centros, corren de su cuenta los gastos del desplazamiento".
"Este tipo de decisiones entra en contradicción con una Administración que se define como progresista y que dice hacer del diálogo social una de sus señas de identidad", ha zanjado.