Castellón enfrenta listas de espera de hasta dos años para reconocer el grado de discapacidad

La provincia de Castelló acumula listas de espera de hasta dos años en la resolución de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad. Actualmente se están atendiendo solicitudes presentadas en noviembre de 2022. Esta es una de las principales reivindicaciones que, con motivo, este 3 de diciembre, del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pone sobre la mesa el colectivo de profesionales del Trabajo Social. Urge “que todas las solicitudes de grado de discapacidad sean resueltas en un tiempo prudencial, como máximo seis meses”, incide una de estas profesionales y colegiada del COTS Castelló, Olga Sánchez, trabajadora social en ALCER Castalia.

La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y de sus familias. Un total de 320 personas en ALCER Castalia posee el certificado de grado de discapacidad, confirma Sánchez. Un certificado que supone un avance en derechos para un colectivo que sigue remando contra esos “paradigmas tradicionales” vinculados a la “compasión y la caridad” que “hacen un flaco favor a la construcción de una sociedad justa e inclusiva”, sostiene Olga Sánchez.

Precisamente de alcanzar una inclusión plena habla el lema de esta jornada para 2024: ‘Fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible’. Es un mensaje que pone el foco, dice Sánchez, en el deber de “fomentar la diversidad en todas las áreas y contextos sociales ya que la discapacidad es una parte natural de la experiencia humana y es un hecho que existe en todas las facetas de la sociedad”.

Desde el Trabajo Social siguen apuntando al “acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una tecnología inclusiva y a la falta de aplicabilidad en la legislación específica para este colectivo” como los principales desafíos para las personas con discapacidad, que, pese a las barreras, ha conseguido avances significativos en los últimos años, especialmente en términos de derechos, inclusión social, accesibilidad y tecnología, sostienen al mismo tiempo.

“El cambio debe provenir tanto de políticas gubernamentales como de un esfuerzo colectivo por construir una sociedad más inclusiva. La discapacidad no es una cuestión individual, sino el resultado de una sociedad plural que debe reestructurar las políticas, las prácticas, las actitudes y las normativas que dificultan la plena participación”, apostilla Olga Sánchez.

Su labor, desde el trabajo social sanitario, en la asociación ALCER Castalia se centra en facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas, así como la prevención de las disfunciones. “Está enfocado a la solución de problemas y apuesta por el cambio; todo ello desde una intervención holística y proactiva”, dice.

“El servicio de trabajo social sanitario es el encargado de dar información, orientación y ayuda psicosocial al colectivo renal en situación de crisis, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a las personas usuarias con dificultades para la integración social (personas sin hogar, migrantes, personas con discapacidad psíquica o física, etc.)”, explica esta profesional.

Lidiar con la falta de recursos económicos y materiales para poder ayudar a las personas que presentan alguna necesidad es, lamenta, un desafío presente en el día a día del Trabajo Social, al que se une “la estigmatización de la profesión, ya que en ocasiones es vista como simple asistencialismo”. “Enfrentar estos retos requiere más que nunca una combinación de planificación estratégica, innovación, trabajo en red y sensibilización para garantizar un impacto positivo en la población atendida y en el concepto de la propia profesión”, concluye.