Castelló acogerá un programa de atención a la infancia y adolescencia víctima de abusos sexuales y violencia
Barnahus integra en un único servicio todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil, evitando la victimización secundaria
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha anunciado que el programa piloto del modelo Barnahus de atención integral a la infancia y adolescencia víctima de abusos sexuales y violencia se pondrá en marcha en Castelló de la Plana.
Aitana Mas ha viajado esta semana a Reikiavik para conocer de primera mano el modelo islandés Barnahus o ‘Casa de los Niños’, habitual en los países nórdicos y promovido por organismos como el Consejo de Europa o la ONU y entidades como Save the Children.
Se trata, ha asegurado la vicepresidenta, de un modelo “afianzado y testado” en distintos países de Europa, que hace “más fácil y cómodo a las personas supervivientes de abusos su denuncia”.
Barnahus integra en un único servicio todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil de forma coordinada y bajo el mismo techo, en unas dependencias lejos de comisarías y hospitales que permiten crear un entorno amigable para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos y violencia.
Durante la visita a sus instalaciones, la vicepresidenta ha señalado que este modelo de atención “transforma el sistema médico, policial y judicial” de acuerdo con los derechos de infancia que recoge la ONU, y su implantación en la Comunitat Valenciana "permitirá aflorar más casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.
Modelo Barnahus
Aitana Mas ha destacado también la “efectividad del modelo islandés en la reducción de la victimización secundaria y en un mejor trato hacia la infancia y adolescencia y sus familias”, ya que el modelo tiene en cuenta todo el proceso, “desde la detección de la violencia hasta la recuperación”.
La vicepresidenta ha lamentado que la violencia y los abusos contra la infancia “no son casos aislados”, sino que se trata de un “problema social” que se debe abordar “con urgencia” desde los poderes públicos.
En este sentido, ha recordado que el Consell ha llevado a cabo desde 2015 un importante desarrollo normativo en esta área, que ha supuesto “un avance en el reconocimiento de los derechos de la infancia y que sienta las bases para el abordaje integral de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
El modelo Barnahus, ha señalado, “es una necesidad si queremos que la Comunitat siga la línea de la mayoría de los países europeos y dé un paso adelante hacia la protección de la infancia más vulnerable”.
Recursos actuales
Desde la dirección de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, en estos momentos se coordina el Servicio de Atención a Abusos a Niños, Niñas y Adolescentes (SAANNA).
Está formado por un equipo multidisciplinar para el diagnóstico y la valoración, la asistencia psicológica, el asesoramiento jurídico y la intervención sociofamiliar.
La atención tiene como beneficiarios y beneficiarias principales a niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos y agresiones sexuales, trata y/o explotación sexual y que se encuentren en la Comunitat Valenciana. También se atiende a sus familias.
Esta atención profesional especializada tiene como objetivo reparar el daño causado por el abuso o agresión sexual, a la vez que dotar de herramientas a la persona menor de edad y a su entorno convivencial e impedir la victimización secundaria.
La intervención es extensiva a personas menores de edad perpetradoras que sean inimputables, por edad o condición, y aquellos que, siendo imputables, no se les haya impuesto una medida de responsabilidad o judicial.
Durante el pasado año, desde el SAANNA se realizaron un total de 475 atenciones, 77 de la provincia de Castellón, 142 de Alicante y 256 de la provincia de Valencia.
También existen los Equipos Específicos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EEIIA) de ámbito municipal. Su objetivo es la actuación con niños, niñas y adolescentes que requieran de una intervención especializada y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, riesgo (con o sin declaración), desamparo o con medidas jurídicas de protección, así como con cuantas otras personas se considere necesario para conseguir los objetivos establecidos en el plan de trabajo.