El Ayuntamiento de Almassora ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 6/2025, aprobado por el Consell y convalidado por Les Corts, que modifica varias normativas autonómicas sobre intervención administrativa ambiental, tasas y contaminación acústica en la Comunitat Valenciana.
La iniciativa municipal responde a una moción aprobada en el último pleno, en la que se expresa la preocupación por la introducción de una “zona de transición” entre usos industriales y residenciales en la normativa. Esta medida, según el Ayuntamiento, podría permitir a las empresas del polígono industrial del Serrallo, ubicado en Castelló, mantener niveles de ruido superiores a los fijados para áreas residenciales, afectando así a los vecinos de la zona de Om Blanc y adyacentes.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que su prioridad es defender los intereses de los vecinos y ha anunciado que, junto con técnicos municipales, están preparando un dictamen para elevar al Consell Jurídic Consultiu, con el fin de clarificar las implicaciones legales del decreto.
Por su parte, el Ayuntamiento ha remitido al Consell la moción aprobada para solicitar la modificación inmediata de la normativa, argumentando que afecta negativamente la salud y el medio ambiente de la población local.
El Defensor del Pueblo, una institución habilitada para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional según los artículos 161 y 162 de la Constitución, valorará la petición de amparo presentada por el Ayuntamiento.