Los agricultores proponen medidas para combatir la despoblación
Un estudio elaborado por LA UNIÓ de Llauradors revela que las 87 poblaciones en riesgo de despoblamiento en la provincia de Castellón han perdido a lo largo de los últimos veinte años un total de 4.594 explotaciones, lo que supone un 41% menos, y 27.555 hectáreas de cultivo, el 24% menos que hace dos décadas.
Del conjunto de los datos analizado por LA UNIÓ, se desprende que la población en los 172 municipios de la Comunitat Valenciana con riesgo de despoblación con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, si se analiza el número de explotaciones agrarias existen 15.038 en esas localidades, lo que supone el 15% del total, cifra que demuestra la gran importancia de la agricultura y la ganadería en esas zonas.
En este sentido, LA UNIÓ propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento.
Del mismo modo la organización solicita incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio allí.
Así mismo propone que los ayuntamientos de poblaciones en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y que estos ayuntamientos sean compensados en su reducción de ingresos por parte del Gobierno.
También aboga por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos e hijas menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación. Otras propuestas de LA UNIÓ pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.