El plan ‘Una provincia protegida’ impulsado por la Diputación de Castellón ha logrado la adhesión de los 115 municipios candidatos para la instalación de 451 cámaras de control de tráfico, una iniciativa que abarcará todas las localidades de menos de 5.000 habitantes de la provincia.
Durante el plazo establecido, todos los ayuntamientos incluidos en el proyecto han confirmado su participación en este programa, que cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros y que permitirá mejorar la supervisión de las entradas y salidas de los núcleos urbanos mediante sistemas automáticos.
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que esta adhesión “demuestra que este plan ha nacido de la escucha activa, del contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, y del compromiso firme de esta Diputación de continuar ofreciendo soluciones reales a los problemas reales”.
Barrachina ha subrayado además que el objetivo del proyecto es “dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen las grandes ciudades en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio”, mediante una tecnología avanzada que, según ha señalado, es respetuosa con la privacidad y ajustada a la normativa vigente.
El diseño del plan ha sido elaborado por la Diputación de Castellón a través del área de Ingeniería Interna, dirigida por el diputado José María Andrés, en colaboración con una empresa especializada. Para ello, se ha realizado un estudio municipio por municipio, analizando los accesos clave y definiendo las soluciones técnicas más adecuadas para cada caso.
En total, se han evaluado 451 ubicaciones en 181 núcleos urbanos, documentando su viabilidad física y de red para la instalación de los dispositivos.
La Diputación será la encargada de redactar los proyectos técnicos, financiar, contratar y ejecutar las instalaciones, además de gestionar la plataforma SmartVillages y facilitar la evaluación de impacto en protección de datos. También ofrecerá un servicio de mantenimiento integral durante cinco años.
Por su parte, los ayuntamientos deberán facilitar los espacios y el suministro eléctrico necesario, asumir la titularidad y custodia de los sistemas, designar un coordinador municipal y validar los proyectos técnicos.
Una vez completada la adhesión municipal, la previsión es que durante 2026 se tramiten la licitación y adjudicación del plan, con el objetivo de comenzar la instalación de las cámaras en 2027.