El técnico que dio una vivienda pública en la Playa de San Juan a su pareja: "Lo siento, la he cagado"
Comparecen como testigos/peritos ante la jueza que instruye el caso tres cargos de la consellería de Vivienda en Alicante
El técnico de la delegación territorial en Alicante de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó la adjudicación de las viviendas públicas investigadas en la Playa de San Juan y que dio una a su pareja sentimental confesó a su superior, una vez destapado el escándalo, que lo sentía y que la había "cagado".
Así lo ha trasladado el director territorial de la conselleria, Juan Manuel Galbis, a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga el escándalo este miércoles en la primera ronda comparecencias de testigos relacionados con los expedientes de las 140 viviendas de protección pública de la promoción Les Naus de la Playa de San Juan.
"Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad" es lo que dijo textualmente este funcionario, que fue expedientado por Vivienda aunque ya se ha reincorporado el pasado lunes, a Galbis cuando el caso saltó a los medios de comunicación y este le preguntó por la aparición del nombre de su pareja entre las 140 personas beneficiarias, según ha contado a los periodistas a la salida del juzgado el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, Emilio García Ontiveros.
Este funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se adjudicara, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus.
Además de Galbis, este miércoles han declarado como testigos/peritos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto del mismo departamento, Vicente Caturla, en un procedimiento en el que están personada como acción popular tanto Ciudadanos como el PSPV-PSOE, junto a la Fiscalía Anticorrupción.
García Ontiveros ha adelantado que pedirán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya mujer fue "agraciada" con una de las casas, para que "explique lo ocurrido" y ha añadido que es pronto para saber la fecha de su comparecencia.
La normativa, un coladero
El relato de los tres testigos que han declarado hoy conjuntamente ha sido "clarificador" y ha reflejado, según el letrado, que "la normativa actual de la vivienda pública es un coladero" para situaciones como la de la Playa de San Juan de Alicante ya que "el que adjudica realmente es el promotor sin ningún tipo de normativa que obligue a la administración" a hacer cumplir los requisitos.
"Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer", ha proseguido antes de comentar que los tres testigos han informado de que no revisaban los expedientes porque para eso estaba precisamente el funcionario sancionado encargado de los trámites y visados, y en el que confiaban "porque lleva trabajando más de 20 años".
Las próximas declaraciones, el día 24
La próxima cita en este procedimiento será el próximo 24 de abril cuando declaren como testigos el resto de funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, un total de cinco, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.
El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio alcalde Luis Barcala, ha provocado una intensa tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.
También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo en un caso en el que, además del Cs y PSPV-PSOE, ha pedido personarse el sindicato Manos Limpias aunque aún se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva un recurso contra la decisión de la magistrada de exigirles la presentación de una querella para ser parte del procedimiento.