Suspenden el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores de una vivienda de Colonia Requena
El juzgado tiene en cuenta un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante
Un juzgado de Alicante ha suspendido el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores en la calle Ágata de la capital, que estaba previsto para las 8:00 horas de hoy. Una decisión que es consecuencia de aplicar el nuevo decreto de vivienda del Gobierno publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que ha entrado en vigor.
En el auto se acuerda la suspensión de este procedimiento hasta el 31 de diciembre de 2030, dejándose sin efecto el lanzamiento.
La mujer y sus tres hijos menores residen en una vivienda en la zona norte de Alicante desde 2014 con un alquiler social, según el Sindicat de Vivenda de Carolines.
La resolución, dictada este miércoles por la plaza número dos de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante y a la que ha tenido acceso EFE, indica que "en el presente caso existe un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante donde se declara que la ejecutada junto a su familia se encuentran en situación de vulnerabilidad económica no existiendo alternativa habitacional por parte de la administración competente".
"Teniendo en cuenta el contenido de este informe social y a la vista de que la parte ejecutante en el presente procedimiento es una persona jurídica dedicada a adquirir inmueble resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto, debiendo suspender el lanzamiento previsto" para mañana jueves, "día en el que entrará en vigor la norma mencionada", señala.
La suspensión del lanzamiento se acuerda hasta el 31 de diciembre de 2030, "no existiendo motivos para fijar una compensación a favor de la persona demandante, al no tratarse de una persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible o social", dice la resolución.
El juzgado expone que en el punto 2, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del citado Real Decreto se establece que la suspensión acordada será revisada por el tribunal cada doce meses para determinar si la situación de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional que la motivó subsiste.
Según el Sindicat de Vivenda de Carolines, el piso donde viven la mujer y sus tres hijos menores fue vendido con el contrato de arrendamiento aún en vigor a un fondo de inversión que no renovó el alquiler e inició el proceso de desahucio.
Con el proceso del lanzamiento abierto, según este colectivo, la vivienda fue una vez más vendida a otra empresa inmobiliaria.
Desde el Sindicat de Vivenda de Carolines han especificado que están a la espera de que se resuelva la petición de la ayuda social de emergencia que han solicitado al Ayuntamiento de Alicante.