El primer recorte del Plan de Cuenca del Tajo supondrá para el Segura pérdidas de casi 85 millones de euros

El Tribunal Supremo registra este martes 4 de abril el recurso contencioso-administrativo de la Diputación de Alicante contra el Real Decreto del Gobierno central por el que se aprueba el Plan del Tajo.

Además, se solicitará la medida cautelar de suspensión del aumento del caudal ecológico ya en su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo por los daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medioambiente de la provincia de Alicante.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha informado de la presentación de este escrito de interposición ante el alto tribunal en el que la Diputación, a diferencia del recurso de la Generalitat que sí acepta esta primera subida, “defiende que, desde el primer momento, la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para nuestro territorio”.

Junto a la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el director del Instituto Universitario del Agua, Andrés Molina, el dirigente alicantino ha explicado que el recurso de la Diputación se acompaña de diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos sobre las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura, ya que solo esta primera elevación de un metro cúbico por segundo – de 6 a 7 m3/s- produce una merma de 28 hm3 de agua disponibles.

“Este primer hachazo al trasvase Tajo-Segura supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores”, ha alertado Mazón, quien ha advertido además de la destrucción de suelos, el avance de la desertificación y la disminución de caudales circulantes en el río Segura que la medida va a acarrear.

Los Servicios Jurídicos provinciales argumentan también en su solicitud de medida cautelar la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales y alegan, en este sentido, que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama, ni los siguientes incrementos, vayan a suponer un cambio significativo y una mejora sobre la calidad del agua o el estado ecológico de la cuenca cedente “mientras que, sin embargo, los perjuicios en la cuenca del Segura serán extremadamente graves”, ha indicado el presidente.

Asimismo, el contencioso-administrativo advierte del coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada, lo que se traducirá también en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano.

Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa que los daños ocasionados por el recorte del trasvase Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones y que la intención del Gobierno de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desaladoras conllevará una tramitación administrativa que se alargará incluso años.

Carlos Mazón ha apuntado, por otra parte, que el rechazo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho desde la institución provincial con Murcia y con Almería, “puede condicionar negativamente” la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, ya que la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026.

Al respecto, ha insistido en que “no tiene ningún sentido solicitar la suspensión cautelar de algo que tiene que pasar dentro de tres años como está haciendo la Generalitat y no tiene tampoco ningún sentido que en su recurso se avale el aumento del caudal ecológico a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida, como está ocurriendo”.

“Esto supone una rendición a plazos de Puig, un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE que nos puede llevar, desgraciadamente, a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante. Ello sería imperdonable”, ha manifestado el presidente de la Diputación.

Mazón ha insistido en que “recibir por parte del Tribunal Supremo de una misma comunidad autónoma, que se supone que defiende la misma tierra y a la misma gente, una solicitud por parte de la Diputación que sí que está en contra del primer hachazo y otra de la Generalitat claudicando ante ello, puede generar una controversia y un lío de interpretación jurídica de primera para el alto tribunal”.

El director del Instituto del Agua de la UA ha coincidido en que la estrategia jurídica de la administración autonómica puede afectar de manera negativa la resolución “porque en la práctica procesal, una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio, es muy difícil que el tribunal en los recursos sucesivos estime la suspensión”. En este sentido, ha añadido que “al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la cautelar y además, por la información que tenemos, no de una forma suficientemente fundada en dictámenes e informes técnicos, eso pueda prejuzgar, sí se desestimara, al resto de medidas cautelares solicitada por otros demandantes”.