La comisión del Ayuntamiento de Alicante que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas en la zona de la Playa de San Juan ha fijado el próximo 2 de octubre el debate de las conclusiones de la misma tras la propuesta conjunta de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, y con el apoyo de Vox.
Así se ha acordado en la sesión celebrada este lunes pese a que en el orden del día estaba previsto debatirlas hoy, según ha defendido el presidente de la comisión, el también vicealcalde, Manuel Villar, del PP.
Según la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, el pasado 30 de julio tan solo se acordó la presentación de las conclusiones.
Robledillo también ha explicado que en esa sesión pidieron los correos entre los exconcejales de Urbanismo Rocío Gómez y Hacienda Toni Gallego, así como los emitidos entre sus departamentos, como paso previo antes de poder pedir nuevas testificales. Estas comunicaciones no han sido facilitadas por “privacidad”, según Villar.
A la vez, los tres partidos de izquierdas han anunciado que pedirán un pleno extraordinario en el que debatir las conclusiones de todos los grupos políticos con el objetivo de que la ciudadanía tenga acceso a las mismas.
“Necesitamos un debate público donde aquellas personas que quieran conectarse al Pleno y llegar también a su propia conclusiones”, ha señalado la portavoz adjunta del grupo socialista, Ana Barceló, en un encuentro con los periodistas tras la comisión.
Mientras, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que “el mayor escándalo urbanístico en vivienda pública protegida de España tiene que ser la tumba política del Partido Popular y de Luis Barcala”. Por su parte, el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha declarado que “esta comisión ha sido inútil”.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha detallado que la siguiente sesión será el 2 de octubre a las 9:30 horas y que espera que sea la última “del mayor escándalo urbanístico de esta ciudad”.
El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde Luis Barcala (PP), que saltó a la luz a finales de enero, ha provocado las dimisiones de la ya citada concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general municipal, así como del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, entre otros, además de la apertura de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el Consistorio y Les Corts Valencianes.