La Justicia confirma que los vecinos de la calle Castaños ven vulnerados sus derechos fundamentales
👉El ayuntamiento de Alicante anuncia que está trabajando en plan para conciliar el derecho al descanso y la actividad económica de la zona
Pepe Requena | Agencias
Alicante |
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha considerado probado que el ruido de los locales de ocio y hostelería de la calle Castaños está "vulnerando los derechos fundamentales" de los vecinos. Por ello, ha instado al Ayuntamiento de la capital a declarar como Zona Acústicamente Saturada dicha calle.
Así lo revela la sentencia, tras un recurso por parte de dos vecinos ante el ruido en la calle Castaños, que el magistrado estima íntegramente. El juez declara la "vulneración de los derechos fundamentales" de los demandantes, vecinos del Centro Tradicional de la capital alicantina, y considera "responsable" al Ayuntamiento de Alicante.
El juzgado de Lo Contencioso número 3 insta al consistorio a "adoptar todas aquellas limitaciones y medidas que resulten pertinentes y que conduzcan a la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa vigente en materia de ruido, tanto para el ambiente exterior como para el interior de la vivienda de los demandantes", en un plazo de dos meses a partir del momento en que dicha resolución judicial sea firme. Todavía no lo es ya que contra ella cabe interponer recurso de apelación.
Mediciones periciales
El juzgado afirma que "existen ya practicadas dos pruebas periciales judiciales en los últimos cinco años en relación a la calle Castaños que afirman que los vecinos viven en una zona acústicamente saturada (ZAS) y que, con ello, se vulneran varios derechos fundamentales, como derecho al medio ambiente adecuado, a la integridad física o moral, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar", relata el magistrado.
Asimismo, recalca que la "inactuación" del Ayuntamiento de Alicante por no iniciar el procedimiento de declarar ZAS la calle Castaños, "pese a que los niveles acústicos superaban con creces los limites sonoros legalmente permitidos, ha vulnerado los derechos fundamentales de los coactores contenidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española".
"El Ayuntamiento no tiene la facultad de decidir si declara o no declara la zona en cuestión como ZAS, sino que tiene la obligación de hacerlo por exigencias del principio de legalidad y el carácter irrenunciable del ejercicio de las competencias públicas, sin que pueda demorarlo más", sostiene la sentencia, al tiempo que añade que el consistorio "tiene obligación de proteger a los vecinos de la zona, debiendo prevalecer las medidas de protección al ciudadano y no la de fomento del libre comercio".
Recuperación de niveles sonoros admisibles
Por ello, el magistrado ve procedente "la petición de los coactores encaminada a que el Ayuntamiento de Alicante adopte las limitaciones y medidas que ha de conllevar la declaración como ZAS, y que conduzcan a la recuperación de niveles sonoros admisibles y dentro de la legalidad, tanto para el ambiente exterior como para el interior de las viviendas".
"La declaración de ZAS interesada deviene exigible y obligatoria para el Ayuntamiento de Alicante, al venir impuesta por la Ley, debiendo indicarse que la declaración de ZAS responde a la justa necesidad de preservar los derechos a un medio ambiente adecuado a la vida, a la integridad física o moral, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la salud, al descanso y a una vivienda digna de los ciudadanos afectados", reitera la sentencia.
Versión del Equipo de Gobierno
Por su parte, desde el equipo de Gobierno, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha manifestado su respeto al fallo judicial y ha añadido que "el ayuntamiento ha pedido una aclaración de carácter técnico y está estudiando si pondrá o no recurso". En cualquier caso, Villar ha aseverado que "el Consistorio seguirá en la línea de tomar medidas para conciliar el derecho al descanso de los vecinos con el derecho a la actividad económica de los establecimientos".
Manuel Villar ha dicho que, efectivamente, la Sentencia dice lo que tiene que hacer el ayuntamiento en la calle Castaños, pero va más allá al anunciar que "están trabajando en un plan para la reducción del ruido que se ampliará a toda la zona del centro tradicional".
Manuel Villar ha sostenido que el Ayuntamiento "no va de la mano con nadie, sino que defiende únicamente los intereses municipales". "Ahora mismo, la única preocupación es ver cómo solucionamos, cuanto antes mejor, el problema que tienen los vecinos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que tratarán de que "la actividad económica sea compatible con ese derecho" al descanso.