La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo, a un funcionario que avaló la adjudicación de la promoción 'Les Naus' de La Condomina a su mujer, "omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte".
Esta decisión, según fuentes de la Conselleria, se adopta después del "segundo análisis" solicitado por la Secretaria Autonómica de Vivienda tras conocerse que han sido beneficiarios la ex edil de Urbanismo, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, quien dimitió de su cargo.
En esta segunda verificación se ha conocido que este funcionario es cónyuge de una de las personas solicitantes y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia, según las mismas fuentes.
La Dirección Territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de este técnico funcionario, que "revisó, tramitó y acreditó para su firma" el expediente de su mujer, "estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo".
La Conselleria ha afirmado que "actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas".
"Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros", ha indicado.
La Conselleria ha subrayado "con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". "Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control", ha indicado.
En concreto, "además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación", ha avanzado.
"Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha señalado.