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Los empresarios de obra publica de Alicante piden al futuro gobierno actuaciones ante futuras DANAS

El sector reclama recuperar el pulso inversor en la provincia de Alicante y acometer las obras pendientes para garantizar la competitividad de las empresas

Redacción

Alicante |

Destrozos provocados en Pego por la DANA "Adam" hace unas semanas | Subdelegación del Gobierno de Alicante

La Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA) ha reclamado al futuro Gobierno de España que salga de las urnas del próximo 29 de noviembre un mayor esfuerzo inversor para la provincia de Alicante en materia de infraestructuras estratégicas y un Plan Integral de Inversiones en materia hídrica que blinde a la Comunidad Valenciana de los efectos de las futuras DANAs.

El presidente de FOPA, Javier Gisbert, entiende que “el Gobierno de España tiene una deuda pendiente con la provincia de Alicante en materia de infraestructuras que garantice la competitividad de las empresas; y un compromiso para realizar obras que afectan a cauces y al resto del dominio público hidráulico ante la certeza de que el Cambio Climático generará episodios severos de fuertes lluvias. Son necesarias medidas de protección contra los posibles episodios de DANAS y riadas en la Comunidad Valenciana”.

Gisbert señaló que la provincia de Valencia sufrió los efectos de la DANA en 2024, pero recordó que la Vega Baja también fue golpeada por los efectos del desbordamiento del río Segura en 2019 y en este año se han visto afectadas las comarcas del norte de la provincia de Alicante y del sur de Valencia. “Esto nos hace pensar que determinadas infraestructuras en cauces, barrancos y veredas son necesarias bajo los principios de sostenibilidad y respeto al medioambiente y, sobre todo, de seguridad para salvar vidas humanas y evitar daños materiales”, ha añadido.

En opinión de FOPA, es el Estado quien debe tener un peso específico en estas actuaciones, puesto que muchas de ellas deben ejecutarse en terrenos con competencias directas de las Confederaciones Hidrográficas, pero reclamó “un diálogo que permita a todas las administraciones del Estado trabajar de manera conjunta, no solo en reparar los daños, sino con previsión para que no vuelvan a ocurrir episodios similares o, al menos, para evitar los efectos tan dramáticos”.

Alicante no puede estar a la cola

Además, FOPA considera fundamental que el futuro gobierno central y el resto de fuerzas políticas eviten la situación anómala de concatenar ejercicios tras ejercicio sin presupuestos del Estado. “Esta situación es negativa por sí misma para todo el país, pero ha sido muy lesiva para la provincia de Alicante, la quinta en aportación del PIB estatal y la penúltima en recibir inversiones directas del Estado vía presupuestos durante demasiados años”.

Gisbert recordó que Alicante cuenta con un decálogo de infraestructuras pendientes de acometer desde hace más de 10 años y que en la actualidad debe ser corregido y ampliado porque la provincia hoy tiene nuevas necesidades. Para atajar esta situación, “el gobierno que salga de las urnas el 29N debe hacer presupuestos y debe compensar los años de déficit en inversión que ha sufrido la provincia de Alicante”.

El presidente de FOPA también apeló al Ejecutivo y a los representantes políticos en las Cortes para que realicen modificaciones normativas para adecuar las licitaciones y sus condiciones a la fluctuación de precios que sufre el sector desde hace años, con un marco concreto de revisión de precios, medidas que faciliten la contratación de personal cualificado de terceros países ante el déficit de trabajadores en el sector y cambios fiscales y técnicos en la construcción de viviendas públicas.

En concreto, las licitaciones relativas a la prestación de servicios deberían contemplar mecanismos de revisión de precios que permitan ajustar los contratos ante posibles incrementos de costes derivados de decisiones ajenas a las empresas del sector, como los decretos que establecen subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estas medidas tienen un impacto directo en los costes de prestación del servicio y pueden comprometer la viabilidad del contrato.