La Audiencia de Alicante celebra tres juicios por sendos intentos de engaño en alquiler o compra de viviendas

En estos momentos de crisis grave en el acceso a una vivienda tanto en compra como en alquiler siempre hay quien se quiere aprovechar de las circunstancias para obtener dinero de forma ilícita. La Audiencia Provincial de Alicante ha programado para esta semana tres juicios relacionados con intentos de estafa. Los tres conforman un patrón delictivo. Los ofertantes no era dueños de los inmuebles que alquilaban o vendía.

La primera vista tiene lugar este martes. La Fiscalía pide tres años y cuatro meses de prisión por un delito de estafa para un hombre a quien el Ministerio Público a acusa de engañar a una pareja en el proceso de alquiler de un piso en Alicante. Procesado y víctimas firmaron un contrato de arrendamiento de la vivienda, que era supuestamente propiedad del acusado. La pareja le ingresó en su cuenta bancaria más de 600 euros como reserva del piso y gastos de gestión. Según el Escrito de Acusación, el hombre no era el propietario de la vivienda ni podía disponer de ella y tampoco devolvió el dinero cuando los perjudicados se lo reclamaron.

El segundo juicio tiene lugar también este martes. Se trata de un hombre acusado de engañar a una mujer a la que cobró 1.200 euros en concepto de alquiler de un piso en Alicante que había ofertado en una plataforma inmobiliaria, pese a que no era su propietario y no podía alquilarlo. Los hechos sucedieron en febrero de 2024 cuando la víctima, que había contestado al anuncio del encausado y había visitado el inmueble, le dio 1.200 euros. Cuando, días después, acudió a la vivienda con sus cosas y la intención de instalarse, comprobó que en ella vivía otra persona y que el procesado, al que ya no pudo localizar, no era el dueño ni podía disponer de la casa. El Ministerio Público pide de forma inicial un año y ocho meses de prisión para el acusado por un delito de estafa.

Por último, el jueves juzgan a una mujer acusada de engañar a dos personas en el proceso de compra de varias viviendas en Alicante y Torrevieja. Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 cuando la procesada recibió diferentes cantidades económicas por parte de las víctimas en concepto de reserva o para el pago de impuestos por la operación de transmisión de los inmuebles en varias operaciones de compra de casas. Según relata la acusación pública, la procesada actuaba con el objetivo de obtener un lucro ilícito y de quedarse el dinero ya que no tenía ninguna relación con los propietarios de las casas o con la inmobiliaria que las tenía a la venta, por lo que no podía comercializar con ellas. La Fiscalía, que pide inicialmente ocho años de prisión por un delito continuado de estafa, cifra en más de 54.000 euros la cuantía defraudada, de la que la procesada habría devuelto una parte.