Madrid |
La Comunidad de Madrid ha implantado en su red sanitaria pública el primer protocolo para niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que garantizará una respuesta rápida y coordinada para proteger y asistir a estos menores de forma integral y efectiva. Con el conocido como código de asistencia VISNNA se busca reforzar la cobertura y centralizar este proceso en el centro sanitario, lo que supone un salto cuantitativo en esta prestación, ya que ordena y coordina las funciones de cada interviniente.
Durante un acto en el Hospital Niño Jesús de la capital, coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha dado ya el pistoletazo de salida con la formación de más de un centenar de sanitarios que ya han sido informados sobre las pautas de actuación. Además, la Consejería ya está preparando un plan formativo para los profesionales del SERMAS. En estos momentos, "el protocolo se está implantando en hospitales y centros sanitarios de la Comunidad de Madrid con una coordinación telefónica entre todos los actores para que cuando llegue un caso el tratamiento sea integral, rápido y eficaz", ha explicado Matute.
La medida, elaborada junto a la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, está dirigida a varones menores de 18 años y adolescentes mujeres de hasta 16, ya que estas últimas son población diana en el Protocolo de asistencia urgente y coordinada a mujeres víctimas de la violencia sexual.
Para facilitar su extensión en la red del Servicio Madrileño de Salud el Ejecutivo autonómico ha creado la figura del referente VISNNA en cada uno de los 26 hospitales públicos acreditados que disponen de los servicios de Pediatría y Ginecología las 24 horas del día, contando con la participación de los profesionales del SUMMA 112 y SAMUR.
El procedimiento se activa una vez detectado un caso de esta naturaleza, bien desde las urgencias extrahospitalarias (Atención Primaria) o un centro sanitario acreditado. En ese momento se procede a la movilización y coordinación de todos los dispositivos implicados (sanitario, policial, judicial y social) para garantizar la prestación inmediata a integral del servicio en un solo punto, facilitando así la intimidad, los cuidados y el apoyo psicosocial.
La primera valoración la realiza el personal facultativo, cuyo informe se notifica al juzgado de guardia, desde el que se ordena al forense del hospital proceder a desarrollar el expediente médico-legal. El proceso también incluye la valoración social del menor para determinar posibles situaciones de riesgo.