Los pisos turísticos reclaman 1.000 millones a la Generalitat por su futura limitación
APARTUR, la asociación que representa a los apartamentos turísticos de Barcelona, reclama 1.000 millones de euros al gobierno catalán, que recordamos tiene la intención de acabar con las licencias en los próximos cuatro años, de cara al 2028. Los propietarios de los pisos turísticos aseguran que es una expropiación encubierta porque no se han llegado a negociar indemnizaciones. En 'La Ciutat' hemos hablado con la directora general de APARTUR, Marian Moro.
[AUDIO EN CATALÁN]
La Generalitat de Catalunya lleva un tiempo pendiente de poner cerco a los pisos turísticos. Hoy, ciudades como Barcelona están saturadas de pisos de alquiler temporal, lo que está cambiando tanto el turismo como sobre todo la realidad de la vivienda en la capital catalana. Ante esta nueva realidad, el gobierno catalán ha decidido, de una vez por todas, poner fin a las licencias con las que cuentan los propietarios de este tipo de establecimiento. Un plan que prevé que las licencias de pisos turísticos hayan pasado a mejor vida en 2028.
En pie de guerra
Todo esto topa, claro está, con los propietarios de pisos turísticos, que basan su negocio en la facturación a través de estos establecimientos, y que ven como en unos años el negocio puede llegar a su fin. Por todo esto, APARTUR, la asociación que representa a estos propietarios, ha reclamado 1.000 millones de euros a la Generalitat como compensación por el cese de su actividad y las costas que puedan derivar de este. Unas reclamaciones que, avisan desde la asociación, podrían llegar a los 7.000 millones en caso de que el alcance sea en toda Catalunya. En 'La Ciutat' hemos hablado con la directora general de APARTUR, Marian Moro, que asegura que "contratamos un peritaje especial para saber lo que podíamos pedir, calculando el daño emergente, la compra de mobiliario los últimos cinco años, inversiones realizadas, desarrollos informáticos, webs, cese de personal... y la otra parte es el lucro cesante, es decir limpieza, suministros, mantenimiento externo. Lo que nos permite ver es qué beneficio se dejará de percibir cuando dejen de estar operativas las licencias".
Preguntada por si las indemnizaciones que tendría que abonar la Generalitat en caso de provocar el cese de la actividad de un sector, Moro asegura que "no estamos al corriente de que la Generalitat haya hablado de indemnizaciones. El decreto ley no habla de indemnizaciones, y este es uno de los problemas. No establece ningún tipo de compensación, es decir dentro de cuatro años el derecho que yo tengo, que es habilitar un piso para uso turístico, queda extinguido, y esto es una expropiación encubierta. Poder puede expropiar, pero tiene que compensar económicamente, y esto lo dice la Constitución. No se puede eliminar una actividad legal y no hacerte cargo de la indemnización".
Mano tendida
Marian Moro deja claro que estas altas cifras que reclama el sector están abiertas a negociación, ya que "desde el primer día nos mostramos abiertos a negociar. Nos citaron el día antes de presentarlo en el Parlament. Es una normativa que está en vías de recurso en el Constitucional... La voluntad de negociación la hemos tenido desde siempre, pero no hay manera. Continuaremos con la voluntad de llegar a un acuerdo, pero no hemos tenido ninguna interacción con el gobierno. No se nos quiere recibir en ninguna reunión o negociación".
Una ley irregular?
Dice la directora general de APARTUR que "desde una perspectiva jurídica la normativa no puede estar peor, y lo decía el propio partido que esta gobernando y con quien hemos tenido varias negociaciones (PSC). En segundo lugar, la vivienda turística representa el 40% del alojamiento en Barcelona. La ciudad, cuando coinciden congresos o ferias, no puede asumir todo este alojamiento. Estamos en un mercado de libre competencia y lo ideal es que el consumidor pueda escoger qué tipo de alojamiento quiere. Si queremos conservar la Barcelona de los grandes eventos y la competitividad, esto es imposible. Hay que ser coherente: Si quieres un decrecimiento como parece que quiere el Ayuntamiento, se tienen que adoptar todas las medidas en esta línea, pero lo que no puede ser es querer estar en primera línea de todo y cargarte el 40% del alojamiento que, insisto, es una oferta legal y regulada desde 2012".
La crisis de la vivienda
"En el momento en el que el alcalde hace el anuncio que se acabaran estas licencias se invocó una emergencia en el sector de la vivienda, se dijo que la ciudad recuperaría 9.000 viviendas. Aquí se dice algo que no es cierto, porque si yo tengo una vivienda de uso turístico tengo libertad para escoger lo que quiero poner en ese local, ya sea un alojamiento, una tienda, un bufete de abogados o un centro de manicura. La relación de causa efecto es importante desde la perspectiva comunitaria, y tiene que haber una causa efecto". lamenta Moro, que también considera que no debería estar reñido atacar la crisis de la vivienda en Catalunya y mantener la oferta de pisos turísticos: "También nos tenemos que preguntar por qué 10.000 viviendas están vacías porque no se quieren alquilar por razones de seguridad jurídica. Se puede dar otros usos a equipamientos para generar vivienda. Todo esto es lo que avala que esto se trata de una medida que no tiene recorrido. Hay organismos oficiales que avalan que esto es irregular. Nos habría gustado que quien adopta una medida de estas características primero se sienta con el poder económico para ver como se puede reconducir, pero no se ha dado", concluye Moro.