Agentes de la UDEF (unidad contra la delincuencia económica y fiscal) han arrestado a 9 personas en los registros realizados en el ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu del Baix Llobregat por su presenta implicación en contrataciones irregulares. El resto de detenciones, las otras dos, se ha producido en otras diligencias. Está previsto que 4 de ellos pase a disposición judicial en las próximas horas. En principio, ninguno de los detenidos es concejal o tiene responsabilidades políticas. La policía nacional ha realizado estas entradas bajo la dirección del juzgado de instrucción número 2 de Cornellà, que ha dictado el secreto de las actuaciones. La causa està abierta por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración pública.
Las entradas y registros en Cornellà surgen a raíz de la documentación que la policía nacional incautó en un operativo hace año y medio, en el marco de la causa sobre el presunto desvío de fondos en el Consell Esportiu de l'Hospitalet. Según los investigadores, en el 2018 el ayuntamiento de Cornellà habría firmado una línea de crédito y un aval con el organismo deportivo de l'Hospitalet falsificando las autorizaciones necesarias e inflando el servicio de arbitraje en un campeonato deportivo escolar. A partir de este hallazgo, el juzgado de l'Hospitalet abre una pieza separada y, finalmente, se inhibe para que sea la justicia de Cornellà la que la instruya e investigue estas presuntas irregularidades.
En la causa abierta en L'Hospitalet de Llobregat, se investigan la presunta desviación de fondos públicos por parte del Consell Esportiu de L'Hospitalet, una entidad privada que recibe subvenciones públicas del ayuntamiento de esta localidad y también de la Generalitat de Cataluña. Están imputados diversos cargos políticos. Además de la alcaldesa Núria Marín, están siendo investigados el teniente de alcalde de L'Hospitalet Cristian Alcázar, el director del Consell, Eduard Galí, y el exconcejal de Deportes Cris Plaza. El líder del PSC, Salvador Ila, ha ofrecido "la máxima colaboración" con la justicia para esclarecer los hechos. Illa confía en que las cosas se hayan hecho correctamente pero, si no es así, se corregirá lo que haga falta.