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Barcelona se propone, de una vez por todas, acabar con los delitos menores y la multirreincidencia. El alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, proponía recientemente endurecer las sanciones por delitos leves, que nunca suelen conllevar cárcel, para que "los delincuentes dejen de reírse de Barcelona y de su policía" y pedía una reacción rápida.
Al alcalde de Barcelona se le han añadido dos elementos relevantes en el ámbito judicial, como son la jueza degana de Barcelona, Cristina Ferrando, y el ICAB, el 'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona'.
Ferrando, por un lado, reclama la apertura de seis juzgados más que puedan atender juicios rápidos, que ahora mismo tienen colapsados los juzgados y tienen un tiempo de espera de más de un año.
Por su parte, el ICAB reclama, directamente, que los delitos menos graves como por ejemplo el robo de un teléfono móvil, comporten penas de prisión en caso de reincidencia.
En 'La Ciutat' hemos hablado con Emilio Zegrí, abogado y vocal del ICAB, que reconoce que "recientemente hemos presentado un proyecto de ley que soluciona la multirreincidencia y que tiene el apoyo de muchas entidades pero no es suficiente, porque una cosa es que se cambie el codigo penal y la otra es que se pueda hacer un juicio rápido, y aquí está la gran asignatura pendiente".
Ante esta situación, ahora tan urgente, Zegrí recuerda que "en verano del 2019 el Ayuntamiento se alineó con una propuesta que hicimos varias entidades, lo que pasa que el PdeCat presentó un proyecto de ley sobre reincidencia que se quedó a medio camino, porque hubo una enmienda del PNV y del PSOE que dificultó el enjuiciamiento por reincidencia".
Cambiar la ley es un reto mayúsculo, porque comporta la aprobación de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, pero Zegrí cree que "si el Congreso consigue completar la legislatura creo que sí que puede ser viable un cambio en la normativa que hace referencia a los delitos más leves y la multirreincidencia".
Sobre cambiar la ley en Catalunya, Zegrí reconoce que "la Generalitat ya ha impulsado anteriormente algunas medidas para controlar los delitos leves, pero las grandes decisiones, el aumento de juzgados y el endurecimiento de la ley depende directamente del Ministerio de Justicia".
Uno de los grandes problemas, como apuntaba Zegrí, es que la saturación de los juzgados que atienden juicios rápidos hace que la espera desde el delito al juicio sea de más de un año: "Ahora mismo estamos fuera de la ley, porque la ley indica que, en un principio, un juicio rápido tiene que resolverse en un plazo de dos semanas". Por este motivo, la jueza degana de Barcelona Cristina Ferrando ha propuesto abrir seis juzgados más dedicados a resolver juicios rápidos para aligerar la saturación que hay ahora mismo. Y es que por ejemplo, en el año 2022, en Barcelona se abrieron más juicios rápidos (7.242) de los que se resolvieron (5.969). En Madrid, por ejemplo, se abrieron 5.490 y se resolvieron 5.603.
Y es que, como reconoce Emilio Zegrí, "en Catalunya hay un problema serio con los delitos menos graves y la reincidencia. Barcelona absorbe gran parte de estos delitos, pero el problema lo tenemos en toda Catalunya".