Más de 200 entidades, entre las que se encuentran Foment, Pimec, la Cámara de Comercio de Barcelona, Mobile Wolrd Capital o el RACC, exigen a Aena, la Generalitat, AMB y los ayuntamientos cercanos al aeropuerto del Prat, un acuerdo para enviar un mensaje de consenso a las instituciones europeas que justifique la ampliación de la infraestructura.
Los agentes sociales consideran inaplazable la ampliación de la tercera pista y la construcción de una terminal satélite para reforzar el Prat como un Hub internacional.
En un comunicado conjunto alerta que no se puede renunciar a una inversión de más de 1.600 millones de euros en una infraestructura que supone el 7% del PIB catalán. Además, consideran que sería inaceptable que se rechace esta ampliación en momentos de tanta necesidad de recuperación económica como los actuales.
Uno de los principales argumentos en contra de esta reforma, concretamente para la ampliación en 500 metros de la tercera pista, es la invasión de La Ricarda, una zona protegida medioambientalmente. Por ello las entidades sociales manifiestan que esta ampliación ha de ser compatible con la protección de la biodiversidad mediante la adopción de medidas compensatorias adecuadas y proporcionadas. Para conseguirlo insisten en la necesidad de un diálogo entre las administraciones y las asociaciones implicadas.