El Fiscal ve desobediencia en el Ayuntamiento de Badalona
La Fiscalía de Barcelona ve un posible delito de desobediencia en la decisión del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) de abrir al público el 12O, pese a que un juez se lo había prohibido, mientras el consistorio invoca el derecho a la libertad ideológica consagrado en la Constitución.
El Consistorio de Badalona, por su parte, invoca el derecho a la libertad ideológica consagrado en la Constitución. Mientras que la Fiscalía de Barcelona ve un posible delito de desobediencia en la decisión del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) de abrir al público el 12O, pese a que un juez se lo había prohibido
En el juzgado de lo contencioso número 14 de Barcelona se ha celebrado una vistilla en la que la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Badalona han expuesto sus argumentos en relación con la suspensión cautelar de la orden del consistorio, que daba a sus trabajadores la opción de acudir a trabajar el 12 de octubre y recuperar la fiesta.
Paralelamente, la Fiscalía ha anunciado que tenía previsto abrir diligencias para investigar si el Ayuntamiento de Badalona incurrió en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, cuando ayer desobedeció el auto del juez.
El PP de Badalona, sin embargo, se adelantó a la Fiscalía y presentó una denuncia ante el juzgado de guardia, que acordó abrir una investigación por un delito de desobediencia aunque aún no ha encargado ninguna diligencia para esclarecer los hechos.
De esa forma, será el juez quien dirija la investigación sobre el Ayuntamiento, aunque el ministerio público podrá plantearle las diligencias que crea oportunas para aclarar si el equipo de gobierno de Badalona ha desobedecido la resolución judicial que le obligaba a cerrar sus puertas con motivo de la fiesta del 12 de octubre.
Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha argumentado en la vista celebrada ante el juez que le prohibió abrir al público, que su iniciativa de dejar en manos de sus trabajadores la decisión de acudir o no a sus puestos está amparada por la libertad ideológica reconocida por la Constitución y, como tal, superior a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.
Tras insistir en que el 12O fue festivo en Badalona, por ser considerado administrativamente un día "inhábil", la letrada ha acusado de "mala fe" a la Delegación del Gobierno por haber esperado cinco meses para solicitar la suspensión cautelar del acuerdo del consistorio, pese a que fue aprobado y hecho público el pasado mes de mayo.
El abogado del Estado ha justificado que pidiera al juez la suspensión del acuerdo del consistorio de Badalona, de forma cautelar y sin escuchar al Ayuntamiento, en que estaba en juego un "perjuicio irreparable" a la libertad ideológica de los trabajadores del consistorio, que se habrían visto emplazados a significarse acudiendo o no a su empleo.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha defendido ante el juez que la celebración de la Fiesta Nacional es un "derecho positivo" reconocido por el ordenamiento jurídico y en el Estatuto de los trabajadores, que tiene un indudable "interés cultural, tradicional y social".
La decisión del Ayuntamiento de Badalona ha concitado las críticas unánimes de las cuatro asociaciones profesionales de jueces, que en una insólita iniciativa han emitido un comunicado conjunto para recordar a la alcaldesa y concejales de Badalona que no están por encima de la ley.
"El haber sido elegidos/as por los ciudadanos/as para el cargo de concejales no les sitúa por encima de la Ley. Por el contrario, la Ley es la garantía de su propia libertad y de su presencia en las instituciones, pero, al mismo tiempo, es límite de su representatividad y de su propio poder ejecutivo, como parte del sistema constitucional", señala el comunicado.
También el ministro en funciones de Justicia, Rafael Catalá, ha censurado la actitud del Ayuntamiento de Badalona, que en su opinión cometió un "acto de desobediencia expresa" al abrir sus puertas.
La polémica suscitada en el consistorio de Badalona, gobernado por una coalición de CUP y Podem (Guanyem Badalona), ICV-EUiA y ERC, ha dado pie al PSC -partido que facilitó la investidura de la alcaldesa Dolors Sabater- a proponer una moción de censura y liderar un gobierno alternativo, con apoyo externo del PP, aunque en ningún caso para volver a hacer alcalde al popular Xavier García Albiol.
Poco después, Albiol ha rechazado esa propuesta. "Yo no participaré en este circo. Lo que está pasando es un espectáculo denigrante y no pondré mi grano de arena. Son ganas de tomar el pelo a la gente y marear la perdiz. Es más una operación de ganar imagen que no de voluntad real de querer llegar a un acuerdo", ha dicho. EFE