En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha comunicado que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha decidido inadmitir el requerimiento de incompetencia del Consejo de Ministros sobre el protocolo del aborto. Además, han alegado que dicho acuerdo no se ha llegado a poner en marcha, ni siquiera se ha llegado a aprobar, por lo que no se está vulnerando la legislación vigente.
El protocolo en cuestión es el anunciado por el vicepresidente de la Junta y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, por el que se pretendía obligar a los sanitarios de Castilla y León a ofrecerle a las mujeres embarazadas que quisiesen abortar, escuchar el latido del feto y la posibilidad de realizarse una ecografía 4D, además de recibir atención psicológica.
Se trataban de unas polémicas medidas con las que el Gobierno de coalición (Partido Popular y Vox) pretendían reducir el número de abortos en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, tras las duras críticas recibidas por parte de los partidos de izquierdas que les acusaban de crear presión sobre las embarazadas, el presidente de Fernández Mañueco desmintió que se hubiese llegado a un acuerdo sobre el tema.
A pesar de que el protocolo no saldrá adelante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido un requerimiento de incompetencia, por lo que tras recibir el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León ha publicado un escrito en el que responden al Ejecutivo central. En comunicado inciden en "la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento".
Asimismo, apuntan que el Estado "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas".