El PSOE pide a la Junta una mayor agilidad en la tramitación de la Dependencia

Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos han reclamado a la Junta de Castilla y León que implemente las medidas organizativas necesarias para que se cumpla con los plazos establecidos por la normativa a la hora de tramitar las ayudas a la Dependencia. Desde el PSOE se consideran absolutamente injustificables los retrasos existentes en sus resoluciones, que en Castilla y León llegan a alcanzar los tres años y en Palencia superan, en muchas ocasiones, los doce meses.

En la PNL registrada en las Cortes, Illera, Guerrero y Pablos señalan la necesidad de que la Gerencia de Servicios Sociales se ajuste a le legislación vigente y agilice el procedimiento de calificación del grado de discapacidad con el fin de garantizar el correcto acceso de la ciudadanía a los distintos beneficios y recursos que los organismos públicos proporcionan a las personas con discapacidad.

Según se indica en el propio documento, en los últimos meses existe un clamor popular a lo largo y ancho del territorio autonómico con respecto a los reiterados incumplimientos normativos por parte de la Junta de Catilla y León, y por ende, de la propia Gerencia de Servicios Sociales en relación al reconocimiento y actualización del grado de discapacidad. Estos incumplimientos perjudican gravemente a las personas con discapacidad en el acceso, principalmente, a los recursos públicos existentes, así como a sus familias que han llegado a manifestarse en las propias puertas de la Gerencia para que se corrijan estas terribles deficiencias.

Según ha tenido conocimiento el Grupo Parlamentario Socialista y, según los datos que se les ha hecho llegar, el incumplimiento de la administración con relación a los plazos existentes en las resoluciones del grado de discapacidad llega, incluso, a tener que esperar el interesado y sus familiares hasta 36 meses en alguna de las provincias de esta Comunidad. En cuanto a Palencia, la media de espera es de once meses desde la petición hasta que los técnicos efectúan la valoración. Y una vez realizada, suele pasar incluso otro año hasta que se emite una resolución.

Para el PSOE, la forma de actuar de la Gerencia de Servicios Sociales es del todo reprobable por el perjuicio irreparable que sufren las personas con discapacidad y sus familias. Es más, según los parlamentarios autonómicos, esta actuación administrativa contradice lo dispuesto en la normativa vigente para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, en el que se fija que el plazo máximo para la resolución y notificación es de tres meses.