El Pleno de la Diputación aprueba la moción del PP en apoyo a las peticiones y necesidades del sector primario

El Pleno de la Diputación de Palencia aprueba la moción presentada por el Grupo Popular, con el apoyo de Vamos Palencia, del diputado Independiente y la abstención del Grupo Socialista, en apoyo a las reivindicaciones que el sector primario lleva realizando desde hace un mes inundando de tractores las principales calles y municipios de la provincia palentina.

En el texto los populares se suman a las demandas del sector como la mejora de las condiciones laborales, el cambio legislativo europeo donde se necesite menos burocratización para conseguir ayudas y subvenciones.

El diputado del Grupo Popular en la institución Jesús Sevilla, ha incidido en que comparten las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y destacan que son “las mismas que el PP viene haciendo en los distintos encuentros y reuniones con el sector”.

Con este texto, los populares reivindican la importancia del sector para el desarrollo del medio rural palentino, desde el punto de vista productivo y también económico, social y medioambiental. Además aseguran que el Partido Popular "somos el partido del campo y del medio rural".

Los populares palentinos lamentan que el Gobierno de España, con sus acciones, haya agravado la situación del campo. “Ha negociado una PAC que supone menos ingresos y más exigencias ambientales; no ha dado respuesta a la situación de sequía; ha disparado

los costes de producción; no ha adaptado el sistema de seguros agrarios; ha adelantado plazos por encima de lo exigido por la UE; ha establecido el impuesto al plástico y ha amenazado con un nuevo impuesto a la producción y distribución”, aseguran.

Dicho texto persigue también apoyar el plan de choque, que el PP ha solicitado al Gobierno, con quince medidas de aplicación inmediata que da respuesta a la crisis del sector agrario.

Las quince medidas propuestas por el Partido Popular son:

- Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, así como su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.

- Reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

- Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.

- Exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe.

- Exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de reducir los trámites y revisar los ecorrígemenes.

- Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, es necesario comprometer una inversión en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y control de inundaciones, así como modernizar regadíos.

- Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.

- Revisar el Plan de Seguros Agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

- Reformar el PERTE agroalimentario, a fin de ajustarlo a las características del tejido agroindustrial español.

- Crear un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal, que, además, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.

- Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad, y que no son exigencia de Europa.

- Exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.

- Suspender el impuesto al plástico, que lleva recaudado más de lo previsto.

- Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados.

- Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles.