Según ha informado el Consistorio, el procedimiento tiene su origen en la denuncia registrada el 6 de marzo de 2026 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, después de que el actual Ejecutivo local analizara documentación municipal y detectara presuntas irregularidades vinculadas a la etapa del anterior alcalde.
La Fiscalía Anticorrupción remitió posteriormente las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Toledo, que ha continuado la investigación y ha decidido trasladar el asunto a los tribunales para su valoración judicial.
Desde el Gobierno municipal consideran que esta decisión respalda la relevancia de los hechos denunciados y aseguran que, durante la revisión de la documentación, fueron apareciendo nuevas actuaciones que consideran presuntamente irregulares. En ese sentido, sostienen que los hechos detectados podrían haber ocasionado un perjuicio económico a las arcas municipales y podrían derivar en posibles delitos relacionados con la Administración Pública.
La actual corporación está encabezada por Ignacio Díaz, quien accedió a la Alcaldía en octubre de 2025 tras una moción de censura que puso fin al mandato del entonces alcalde, Inocencio Gil. Entre los argumentos esgrimidos para impulsar aquella moción figuraban supuestas irregularidades en la adjudicación de determinadas actuaciones municipales, cuestiones que ya fueron objeto de controversia política en el municipio.
El Ayuntamiento ha señalado que continuará colaborando con la Justicia y ha reiterado su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.