Las políticas activas de empleo del Gobierno de García-Page reducen el desempleo a la mitad

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado que las políticas activas de empleo que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Emiliano García-Page a lo largo de estos once años han reducido a la mitad la tasa de desempleo en la región.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Desayuno En Red que ha organizado la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) en Castilla-La Mancha, en el que ha destacado que una de las primeras medidas de este Ejecutivo autonómico fue la puesta en marcha de planes de empleo que se diseñaron para que el paso de los usuarios en estos planes pudiera, una vez finalizados, permitir una prestación por desempleo, garantizando la entrada de ingresos durante más tiempo en muchos hogares.

Así, el Gobierno regional ha invertido, en los sucesivos planes de empleo puestos en marcha a lo largo de estos 11 años, 606 millones de euros para dar una oportunidad laboral a más de 88.300 personas desempleadas.

Junto a la presidenta de EAPN en la región, Mar González; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de la Junta en la provincia, Marian López; y la delegada de Bienestar Social en Cuenca, Susana Zomeño, ha destacado la situación del empleo en la región en 2015 era muy distinta a la de hoy que, junto a otras políticas de atracción de empresas; ayudas al establecimiento y consolidación de pymes y autónomos ha llevado a datos de empleo históricos.

Un acto en el que Martínez Guijarro ha señalado que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en política social es clara ya que se destina más de 70% del presupuesto de la Comunidad Autónoma” a políticas sociales, lo que supone 7.554 millones de euros, 3.000 millones de euros de aumento para las políticas sociales en la última década.

Garantía de acceso a los servicios públicos en el medio rural

Durante su intervención, el vicepresidente primero ha recordado que este mes de junio se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas contra la Despoblación que tiene, como uno de sus pilares fundamentales, la garantía de acceso a los servicios públicos que dejan, desde el 2021, la mejora de una veintena de centros de salud y consultorios médicos y se han abierto 88 botiquines en estas zonas. A esto se suma la apertura de más de 100 escuelas infantiles en estos pequeños municipios; la apertura de cinco nuevas residencias rurales en Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón, Munera, Campillo de Altobuey y San Lorenzo de La Parrilla.

A estos servicios, el Ejecutivo regional ha sumado el transporte como herramienta de cohesión territorial y social. Se trata, ha explicado, del modelo de Transporte Sensible a la Demanda que se ha diseñado "para facilitar que se pueda acceder a esos servicios públicos en toda la comarca". Hasta la fecha han entrado en funcionamiento un total de cinco rutas que dan servicio a 551 núcleos de población y más de 100.000 habitantes y que ya han usado unos 170.000 viajeros.

Movilizar vivienda en los pueblos

Todo esto ha supuesto un aumento de la población en estas zonas de cerca de 4.700 habitantes, lo que supone romper la tendencia demográfica de años anteriores y que ha traído consigo la necesidad de contar con vivienda disponible en estos pueblos.

Para ello, se ha diseñado el programa ‘Moviliza tu vivienda rural’ para poner a disposición de estos nuevos pobladores vivienda para alquiler en municipios afectados por despoblación. "El primer paso ha sido la publicación de la Expresiones de Interés para que los ayuntamientos de estos pequeños municipios se adhieran", ha explicado Martínez Guijarro.

A esto se suma la puesta en marcha, tiempo atrás, del programa con el que sean rehabilitado un total de 11 inmuebles de titularidad municipal en siete localidades de la región para ponerlas en alquiler a precio asequible y que, a día de hoy, están todas ocupadas; y la rehabilitación de más de un millar de viviendas a través del PREE 5000 de rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes.