Según han informado ambos cuerpos en nota de prensa, los detenidos mantenían contacto tanto con personas en Marruecos como con personas asentadas en España, en su mayoría de origen marroquí, que les proporcionaban trabajadores indocumentados desde múltiples puntos del territorio nacional, fomentando tanto la llegada como la estancia de extranjeros irregulares en las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Una vez que se encontraban bajo su control, abusaban de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estos trabajadores, que eran alojados en viviendas precarias, estafados y explotados laboralmente. La mayoría de las víctimas, a pesar de tener conocimiento de la ilegalidad de la situación en la que les mantenían, no se atrevían a formular denuncia alguna por temor a ser repatriados a sus países de origen.
Durante la investigación se han recopilado múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas que confirman las sospechas y muestran las duras condiciones en las que se encontraban. Los trabajadores se veían sometidos a condiciones laborales abusivas, llegando a recibir amenazas si no cumplían los objetivos o denunciaban su situación. Finalizada su jornada, regresaban a los domicilios que los propios detenidos les facilitaban, generalmente viviendas en estados muy precarios y conviviendo en situaciones de insalubridad.
A los cuatro detenidos, dos en Alcázar de San Juan, uno en Herencia y otro en Villafranca de los Caballeros, se les imputa favorecimiento de la inmigración ilegal, delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se han llevado a cabo por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo y la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional de Ciudad Real.