Elaborada en el marco del proyecto AMorosos

Una encuesta sobre estrés anticipatorio alerta de un grave impacto emocional de los polígonos eólicos en Cantabria

Según la encuesta de un colectivo ciudadano, deja huella antes de que comiencen las obras: preocupación, tristeza, ansiedad y sensación de pérdida sobre el modo de vida rural

Alicia Real

Santander |

Obras del Parque Eólico El Escudo Cantabria | Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio

La amenaza de los polígonos eólicos también deja huella antes de que comiencen las obras: preocupación, tristeza, ansiedad y sensación de pérdida sobre el modo de vida rural. Es lo que recoge una encuesta pionera en Cantabria sobre el estrés anticipatorio asociado a estos proyectos.

Elaborada en el marco del proyecto AMorosos en defensa de los bosques campurrianos frente a los polígonos eólicos y adaptada a partir de la escala científica Anticipatory Solastalgia Scale (ANSOS), la encuesta recoge las respuestas de 90 vecinos y vecinas y sitúa la valoración media del malestar en 6,34 puntos sobre 7.

La investigación pone cifras, por primera vez en Cantabria, a un impacto sobre la salud que, según denuncian, sigue siendo el gran ausente en las evaluaciones ambientales de estos proyectos. En muchos casos, este estrés se prolonga desde hace más de una década y afecta a la salud mental, la calidad de vida y la percepción del territorio.

Los resultados muestran niveles muy elevados de preocupación, tristeza y ansiedad entre las personas vecinas de las zonas afectadas. La media global de la encuesta alcanza los 6,34 puntos sobre 7 —a solo 0,66 puntos de la máxima valoración posible—, con valores especialmente altos en la preocupación por la pérdida de aspectos valorados del entorno (6,82), la tristeza por el cambio visual del paisaje (6,72), la tristeza ante una transformación no deseada del territorio (6,65) y la pérdida de elementos únicos de la naturaleza (6,61).

La encuesta también recoge un fuerte impacto sobre la percepción del modo de vida rural. La amenaza al estilo de vida alcanza una media de 6,06 sobre 7, mientras que la incertidumbre que obliga a modificar el ritmo de vida se sitúa en 5,79 y la ansiedad por el impacto en la ganadería, la agricultura y el turismo rural llega a 5,76.

En algunas zonas, este estrés se viene padeciendo desde hace más de 10 o 15 años, desde que llegaron las primeras amenazas. Tal como señalan diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, los daños provocados por el estrés crónico aumentan con el tiempo de exposición y pueden afectar progresivamente a la salud mental y física de las personas. “He acabado quemada y con repercusiones en mi vida laboral, salud y familia tras 11 periodos de alegaciones”, asegura una encuestada.

Los testimonios inciden también en la preocupación por el paisaje, la economía rural y las generaciones futuras: “No solo afecta a la naturaleza sino también al ser humano. Fomenta la despoblación”; “Cantabria es un entorno privilegiado por la calidad de vida que ofrece. Este proyecto afectará al paisaje para siempre, tanto a nivel de vegetación como de ganadería”; “con la excusa de la ‘sostenibilidad’, las grandes empresas están transformando las zonas rurales de nuestro país de una manera salvaje… Empeoran las condiciones de vida en los territorios afectados”; o “son proyectos innecesarios que no nos benefician a ningún vecino. Al contrario, nos perjudican a nosotros, al entorno y a las futuras generaciones”.

En definitiva, las personas participantes alertan especialmente de daños que consideran definitivos e irreversibles sobre el patrimonio natural, el paisaje y las actividades económicas tradicionales del medio rural.

Ante estos resultados, los promotores de la encuesta solicitan a las instituciones competentes —Gobierno de Cantabria, Delegación del Gobierno y ayuntamientos— la paralización inmediata de los proyectos que, según denuncian, están generando un daño prolongado sobre la salud y la calidad de vida de la población.

Asimismo, reclaman que, antes de seguir adelante con cualquier tramitación o ejecución, se incorporen estudios públicos, rigurosos y realizados por equipos sin vinculación económica ni contractual con las empresas promotoras, que evalúen sus efectos sobre la salud mental y física de las personas afectadas, así como sobre el tejido social, económico y territorial del medio rural.