El Juzgado reduce a 9.000 euros la multa de Delegación del Gobierno a Castro Urdiales por lanzar fuegos sin permiso
La Delegación deberá devolver 10.500 euros al Ayuntamiento de lo que ya pagó
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha reducido de 30.000 a 9.000 euros la sanción que la Delegación del Gobierno en Cantabria impuso al Ayuntamiento de Castro Urdiales por lanzar el año pasado los fuegos artificiales del Coso Blanco sin autorización, con lo que la multa queda en 4.500 euros por la minoración del 50% por pronto pago.
La jueza ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Consistorio, que defendía que se había vulnerado el principio de proporcionalidad al haberse impuesto la máxima sanción posible, y ha anulado y revocado la sanción inicial de 30.000 euros que se impuso hace ahora un año.
Dado que el Ayuntamiento ya había abonado ya los 15.000 euros correspondientes al pronto pago, la Delegación deberá devolverle la diferencia respecto la multa final, esto es 10.500 euros.
Y es que, como se desprende de la sentencia con fecha de 17 de julio, difundida por el Consistorio castrense, la jueza impone la sanción en grado mínimo ya que explica que no concurre ninguna de las circunstancias que la ley contempla para hacerlo en grado medio --reincidencia; violencia, amenaza o intimidación; ejecución de los hechos cubriéndose el rostro e impidiendo la identificación del infractor o uso de menores de edad--.
Eso sí, estima parcialmente la demanda del Consistorio porque entiende que "ha existido intencionalidad en la comisión de la infracción, y obviamente la capacidad económica del infractor es muy superior a la de un particular", de modo que ve justificado imponer una multa de 9.000 euros.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha trasladado en un comunicado que con este fallo ve satisfecha su reclamación, ya que "ve reconocida la falta de proporcionalidad con la que actúo la Delegación del Gobierno en Cantabria" al ponerle una multa de 30.000 euros.
"Creo que se ha hecho justicia dando la razón a los criterios que defendíamos como Ayuntamiento. Los servicios jurídicos nos indicaban que teníamos razón pero al final nos empujaron a llevarlo a los tribunales", ha señalado el concejal de Festejos, Gorka Linaza.
Finalmente, ha celebrado que "esto pone fin a esta polémica que tanta preocupación ha generado en nuestro municipio desde el verano de 2023. Seguiremos trabajando en nuestras fiestas y tradiciones como lo venimos haciendo desde 2019".