El auto, hecho público este viernes, abarca presuntos delitos de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad, pertenencia a grupo criminal y tráfico de influencias y blanqueo relacionados con una presunta trama de pago de sobornos de empresarios a cambio de obtener distintos beneficios administrativos.
El juicio trata de esclarecer una presunta trama que trataba de captar a empresarios del sector primario y de las energías renovables en Canarias durante los años 2020 y 2021 para ofrecer tratos de favor, adjudicación de contratos públicos y anulación de expedientes sancionadores a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución. Así, Juan Bernardo Fuentes será juzgado por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y pertenencia a grupo criminal y la Fiscalía solicita ocho años de cárcel mientras que para su sobrino se piden 11 años por cohecho, estafa y pertenencia a grupo criminal. Para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, ya condenado en la primera pieza, la Fiscalía solicita otros 13 años por cohecho, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, afecta también a los empresarios Miguel Ángel Robayna y Alberto Montesdeoca, al exviceconsejero del Gobierno canario Álvaro de la Bárcena, que responderá del delito continuado de prevaricación administrativa, y la jefa de servicio en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Estefanía González Igualmente la causa afecta a los empresarios Esteban Banús, María Inmaculada Roca, José Santiago Suárez y Marta Isabel Suárez. Para el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, también condenado en la primera pieza, los delitos imputados son de tráfico de influencias y cohecho y la Fiscalía solicita dos años de prisión.
El empresario Antonio Bautista --condenado igualmente en la primera pieza-- responderá a la acusación de tráfico de influencias y cohecho. También están encausados los empresarios Maximiliano Miguel Poveda y Miguel Ángel Robayna, que concurre con la atenuante de colaboración con la Justicia.