Coalición Canaria se queda sola con la propuesta para limitar la compra de viviendas

El presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha manifestado este sábado su preocupación por la propuesta impulsada por Coalición Canaria para limitar la compra de viviendas a personas no residentes en el archipiélago. El dirigente popular ha expresado sus dudas sobre el encaje jurídico de la iniciativa y sobre las consecuencias que podría tener para quienes desean adquirir una propiedad en las islas. Las declaraciones de Domínguez se producen después de que el Ejecutivo regional haya trasladado al Gobierno central dos propuestas legislativas destinadas a intervenir en el mercado inmobiliario canario y mejorar el acceso a la vivienda. Entre las medidas planteadas figura la exigencia de acreditar un periodo mínimo de residencia para poder comprar un inmueble, así como la limitación del número de propiedades que puede adquirir una misma persona.

Dudas sobre quién puede comprar una vivienda

Una de las principales cuestiones planteadas por el dirigente popular es la definición de persona no residente. Domínguez considera que este concepto puede abarcar situaciones muy diferentes y ha preguntado cómo se trataría, por ejemplo, a quienes nacieron en Canarias y tuvieron que trasladarse temporalmente a la Península por motivos laborales. El líder del PP también ha cuestionado si limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una persona física podría favorecer indirectamente la compra de inmuebles por parte de sociedades y otras personas jurídicas.A su juicio, la propuesta podría dificultar que los ciudadanos destinen sus ahorros a adquirir una propiedad o invertir en vivienda. También ha defendido que se facilite la aceptación de herencias y la inversión privada, en lugar de introducir restricciones que puedan condicionar estas operaciones.

Diez años de empadronamiento y un máximo de dos inmuebles

La propuesta establece, además, un límite de dos viviendas por persona, que deberán estar situadas en municipios diferentes. El documento incorpora restricciones para las personas jurídicas con el objetivo declarado de evitar que la adquisición de inmuebles contribuya a desplazar a los residentes del mercado residencial. Las transmisiones por herencia, conocidas jurídicamente como transmisiones mortis causa, quedarían excluidas de las limitaciones recogidas en el borrador, según la información publicada por la Agencia EFE.

El Gobierno canario busca el respaldo del Estado y de Europa

El Ejecutivo autonómico sostiene que las particularidades territoriales de Canarias, como la insularidad, la limitada disponibilidad de suelo y la presión sobre el mercado inmobiliario, justifican la adopción de medidas específicas para proteger el acceso a la vivienda de quienes residen en las islas. La propuesta remitida al Gobierno central pretende establecer un marco legal que permita restringir determinadas adquisiciones por parte de personas no residentes.

Por ahora, la limitación de compras y los requisitos de residencia siguen siendo propuestas pendientes de tramitación, en un contexto en el que el acceso a la vivienda continúa ocupando un lugar central en la agenda política de Canarias.