Casi la mitad de las compras de mascarillas en Canarias durante pandemia están en procesos judiciales

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha considerado que en lo que se refiere a los diferentes casos que se investigan sobre la compra de material sanitario durante la pandemia del Covid-19, y en los que aparece Canarias, "faltan" explicaciones "contundentes" de gestores anteriores, en relación al PSOE, que estuvo al frente del Ejecutivo regional durante el coronavirus.

Todavía nos faltan algunas explicaciones más contundentes que tienen que darse por parte de los anteriores gestores, en especial por parte del PSOE

Lo que está haciendo el Gobierno canario, dice el portavoz, es "digitalizar todos los expedientes implicados en este asunto, ponerlos a disposición de los servicios jurídicos y de la intervención de la comunidad autónoma".

Y posteriormente decidirán si se traslada a los juzgados "con la voluntad de personarnos o no" en función de si se ha ocasionado un daño a los intereses de la Comunidad Autónoma canaria.

Las compras fueron por un importe de unos 89 millones de euros, de los que hay un porcentaje cercano al 47 por ciento que está siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales

Por lo que entiende que sobre esto "hay que arrojar muchísima transparencia" por parte del Gobierno de Canarias, que tiene "toda la voluntad de hacer ese ejercicio, poner toda la información a disposición y, a partir de ahí, en el ámbito de los partidos, en el ámbito parlamentario, en paralelo, que continúe esa comisión de investigación".

Ángel Víctor Torres insiste en que todo se hizo legalmente y con transparencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que mantuviera conversaciones con José Luis Ábalos ni con Koldo García para adquirir mascarillas, cuando era el presidente de Canarias, y ha asegurado que "no hay ninguna persona investigada ni detenida" en esa Comunidad Autónoma por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas.

El Gobierno de Canarias colaboró con las pesquisas y, lógicamente, la investigación judicial. En ese sentido, como he dicho de manera clara, absoluta transparencia y aclaración de las dudas que puedan existir

En el caso de Canarias, el material llegó y se pagó posteriormente. Ahí están todos los informes técnicos que sean precisos trasladar. Forma parte de una investigación judicial, en la que, repito, tenemos que colaborar todos", ha manifestado.

Los tres casos 'mascarillas' de Canarias

El primer caso, el original, gira en torno a 4 millones de euros que el Gobierno de Canarias pagó a una empresa cuya principal actividad era la importación de coches de lujo a cambio de un millón de mascarillas. Llegaron tarde, no llegaron todas y las que llegaron procedentes de Etiopía tuvieron que ser destruídas en aduana por no cumplir con la normativa europea. Los 4 millones no están ni se les espera, de momento. Se investiga desde 2022 al exdirector del Servicio Canario de Salud.

El segundo caso o hemos descubierto en la trama 'Koldo'. Aquí hablamos de poco más de doce millones que se adjudicaron en, vamos a llamarlo, un mar de dudas sobre el posible cobro de comisiones. Uno de estos contratos se 'adaptó' a las circunstacias para dar una segunda oportunidad en una de las entregas que no se produjo cumpliendo el contraro concreto.

El tercer y más reciente caso se refiere a un delito fiscal contra cuatro empresarios entre los que figuran Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna. El asunto tiene como eje el material contratado por el Servicio Canario de Salud a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por Noel Jammal, por valor de 22,9 millones de euros entre 2020 y 2021. El auto destaca que Damco y Tanoja contrataron a una tercera empresa, Tabaiba Capital para gestiones de compraventa de material sanitario. Esa empresa tiene como administrador único al presidente de la UD Las Palmas cuya función según la querella de la Fiscalía sería encontrar clientes para la venta de productos,recibiendo como pago el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores. Tabaiba subcontrató a B&M Sport Marketing SLU, empresa en la que figura como administrador único Lucas Bravo de Laguna, diputado de Unidos por Gran Canaria.

Todos estas compras se realizaron durante la pandemia y bajo la supervisión del Gobierno del 'Pacto de las Flores', una alianza del PSOE, Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias y Podemos.