El PP Menorca pide al Gobierno financiación para afrontar la Ley de Bienestar Animal

El PP presentará en las instituciones de Menorca una moción para solicitar al Gobierno más medios para dar cumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Los populares consideran que se trata de una norma legal con un entramado complejo, que incluye nuevas obligaciones, prohibiciones y sanciones para los propietarios de los animales y las administraciones públicas, que lejos de conseguir la protección, generan el efecto contrario.

Cristóbal Marqués, senador y secretario general del PP Menorca, señala que "en los últimos meses, se ha producido un aumento de abandonos de perros y gatos en nuestras islas y las adopciones han caído a niveles nunca vistos; hechos atribuibles, entre otras causas, a la falta de concreción y desarrollo que el Gobierno de España ha hecho de esta nueva norma, que se ha traducido en un profundo desconocimiento y en una gran incertidumbre sobre las nuevas responsabilidades". Además, recalca también que "la ley impone nuevas obligaciones a las instituciones municipales, que supondrán un incremento muy considerable de su gasto, pero sin aportar ningún tipo de ayuda ni más medios".

La ley obliga a los ayuntamientos a identificar y esterilizar a todos los gatos antes de los seis meses, con el objetivo de controlar las colonias comunitarias y reducir de forma progresiva su población. En paralelo, deben llevar a cabo un censo y programas de desparasitación o vacunación. Marqués ha añadido que "apoyamos firmemente la necesidad de una Ley de Bienestar Animal, pero esta debe ser realista y factible para las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicarla y entendible para los ciudadanos. Es crucial que el Gobierno de España asuma parte de la responsabilidad y provea el asesoramiento y los recursos necesarios para su correcta implementación, ya que resulta casi imposible entender y cumplir con todas estas nuevas exigencias".

Por todo ello, el PP instará al Gobierno a asignar un fondo en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para las entidades locales, así como a desarrollar el reglamento de esta ley con la participación activa de los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).