La Abogacía de Baleares está estudiando recurrir el real decreto que concede 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, al considerarlo "claramente" una "discriminación" hacia las que no, entre ellas Baleares.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad presentó alegaciones al proyecto de decreto y que estas han sido "ignoradas" por el Gobierno de España. A su entender, el real decreto "rompe el principio de igualdad territorial", ya que los fondos estatales para vivienda "se deberían distribuir principalmente en base a criterios objetivos relacionados con las necesidades reales de cada territorio".
Por ejemplo, ha indicado Costa, debería tener en cuenta la evolución de los precios del alquiler y la compra de vivienda, los niveles de esfuerzo económico de los hogares, la escasez de oferta residencial o la presión demográfica. Según el Govern, este real decreto "no solo no atiende estas necesidades objetivas" de las autonomías, sino que "adopta criterios discrecionales". "Estamos analizando la vía del recurso a los tribunales", ha concluido.