Prohens insiste en que la regularización extraordinaria provoca un "efecto llamada"
La presidenta del Govern, Marga Prohens, rechaza la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo central y insiste en que en Baleares provocará un “efecto llamada”, además de saturar los servicios públicos; las entidades sociales replican que los posibles beneficiarios ya residen en las islas.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha rechazado la postura de varias entidades sociales y ha insistido en que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno central generará un “efecto llamada” en Baleares, donde podría alcanzar a unas 10.800 personas.
Prohens ha hecho estas declaraciones este jueves tras participar en un acto en el Consolat de Mar con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La presidenta ha calificado la medida de “cortina de humo” y de “regularización masiva” y ha sostenido que se ejecutará de una manera “nunca vista”, al no estar vinculada a un contrato de trabajo, no pasar por el Congreso y no exigir un certificado de antecedentes penales.
Según ha defendido, el modelo que plantea su Ejecutivo es el de una inmigración regular ligada a un puesto de trabajo y con contrato, y ha subrayado que Baleares necesita inmigración “bienvenida” siempre que las personas “vengan a sumar”, a contribuir y a integrarse “en unas costumbres y un ordenamiento jurídico igual para todos”.
Prohens también ha pedido más recursos para las oficinas de Extranjería para facilitar la renovación de permisos de residencia de personas que ya se encuentran en situación regular. En este contexto, ha reiterado que la regularización puede beneficiar “el negocio de las mafias” y “saturar” los servicios públicos.
Las afirmaciones de la presidenta han sido rebatidas por entidades como EAPN Baleares y Médicos del Mundo, que sostienen que las personas que podrían acogerse a la regularización ya viven en el archipiélago y que muchas ya habían iniciado expedientes de arraigo sociolaboral. Prohens, por su parte, ha insistido en la necesidad de disponer de información sobre las personas que entran y ha cuestionado que la medida no exija certificado de penales.
Además, sobre el aval de algunas patronales, Prohens ha considerado que los empresarios apoyan la regularización si está vinculada a un puesto de trabajo y ha expresado dudas de que compartan que no sea necesario un certificado de antecedentes.