POLÉMICAS MULTAS DE TRÁFICO EN PALMA

El problema de las multas en Palma: sanciones que el ciudadano no recibe y que se multiplican

Hoy explicamos con el abogado colaborador de Onda Cero Mallorca, Julián Timoner, la problemática de las multas de tráfico no comunicadas. Es el caso de un oyente que se enteró tarde de una multa de tráfico en Palma que ascendió a 300 euros, aunque nunca recibió notificación previa. Timoner cuestiona el sistema de comunicación de las sanciones municipales y explica el proceso legal para recurrirlas.

Redacción

Palma |

La forma en la que el Ayuntamiento de Palma comunica las multas de tráfico vuelve a generar dudas entre los ciudadanos. El abogado y colaborador de Onda Cero Mallorca, Julián Timoner, ha analizado en 'Más de Uno Mallorca' el caso de un oyente que asegura no haber recibido las dos notificaciones previas de una sanción y que terminó enfrentándose a una multa de 300 euros por no identificar al conductor.

Según explica Timoner, el problema aparece cuando una multa detectada a distancia no llega al ciudadano y este, por tanto, no puede pagarla dentro del plazo ni identificar al conductor. “A esta persona le dicen que ha habido intentos de notificación previos de esa sanción y que como no la ha pagado o no ha identificado al conductor, para esa sí que le encuentran”, señala.

El afectado ha presentado un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento de Palma y ha solicitado que se le permita acceder a las pruebas de esas dos supuestas notificaciones. Timoner explica que el Consistorio le habría reconocido que este servicio está delegado en empresas subcontratadas. “Esta persona no tiene, repito, conocimiento de ninguna de esas dos notificaciones que supuestamente le tienen que haber hecho, porque no le han llegado a su casa”, afirma.

Para el abogado, la Administración debe acreditar que la comunicación se realizó correctamente. Critica, además, que el sistema continúe basándose en notificaciones escritas y externalizadas cuando existen otras vías de comunicación. “En pleno siglo XXI, que vivimos en la era de la información, es anacrónico que en este caso la Administración se dirija al ciudadano de esta manera”, sostiene.

Timoner advierte de que recurrir puede convertirse en un proceso largo y costoso si la Administración rechaza el recurso. En ese caso, el ciudadano podría tener que acudir a la vía contencioso-administrativa, mientras paga la sanción con recargo para evitar un embargo. “El trámite medio que hay para ese expediente es aproximadamente de unos cuatro a cinco años de espera en los juzgados contenciosos administrativos de Palma”, explica.

El abogado anima a los ciudadanos a recurrir cuando consideren que no han sido correctamente notificados. “Yo quería ahora precisamente animar a la gente a que hagan estos recursos y a que tiren adelante y a que no se achanten”, afirma. Y reclama al Ayuntamiento de Palma que modernice el sistema: “Que se digitalicen, que avancen, que se modernicen”.

Timoner insiste en que su crítica no se dirige a los controles de velocidad, sino contra la gestión administrativa de las sanciones: “Mi mensaje no es contrario de la velocidad ni de los coches, sino que es contra la Administración y su forma de gestionar esta sanción”.