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El Ayuntamiento de Palma ha confirmado que el derrumbe del Medusa Beach Club del pasado jueves en Playa de Palma se debió a una combinación de dos factores: el sobrepeso de unas obras ilegales que se habían realizado en la terraza y la sobrecarga de personas que se encontraban en la misma en ese momento. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha estado flanqueado por el jefe de bomberos de Palma, Eder García, y el regidor de urbanismo, Óscar Fidalgo.
Diversos departamentos municipales y los bomberos de Palma han emitido informes que corroboran que la terraza que se hundió no contaba con licencia de actividad, autorización de uso ni licencia de obra. Además, la última inspección técnica del edificio resultó desfavorable.
Estas conclusiones ya han sido trasladadas a la Policía Nacional y a la Fiscalía, y el consistorio ha confirmado que se personará en la causa para colaborar con la investigación.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha hecho un llamamiento a cumplir las leyes y las normas, y ha exigido a los propietarios, inquilinos y explotadores de licencias en la Playa de Palma a que cesen de inmediato las obras ilegales y las actividades prohibidas. De hecho, los propietarios del Medusa Beach Club fueron sancionados por realizar unas obras en el año 2013, a pesar de que le fueran denegados los permisos.
Además, según la declaración del encargado del restaurante, que fue rescatado entre los escombros, en el momento en que se vino abajo la terraza del beach club había una afluencia de unas 21 personas, lo que sumado a una capa de mortero y a la instalación de baldosas de cerámica sobre la cubierta, habría desencadenado su colapso.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha anunciado que intensificará las inspecciones en los locales de ocio de la ciudad, en una campaña transversal que se llevará a cabo con el Consell de Mallorca y el Govern, especialmente en zonas turísticas como la Playa de Palma, Cala Major y el Paseo Marítimo. Martínez ha reconocido que el consistorio solo cuenta con una decena de inspectores para vigilar los 5.000 locales de ocio de la ciudad.
El Ayuntamiento también ha confirmado que correrá con los gastos de la repatriación de dos de las víctimas de origen senegalés.