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El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver, que asumió el cargo comprometiéndose a agilizar los trámites en la justicia, hoy ha admitido en los micrófonos de Onda Cero que los atrasos que acumulan los juzgados alcanzan los cuatro años para un señalamiento o vista en lo penal. Por tanto, su principal "reto" es descongestionar la "sobrecarga" de trabajo que asumen jueces y magistrados, sobre todo, en primera instancia.
Sin embargo, hoy Oliver ha dado a entender en el programa 'Más de uno Mallorca' que será difícil arreglar el problema rápido, debido a la acumulación de trabajo y el aumento poblacional en Baleares. "No puedo dar plazos", ha dicho el presidente del órgano judicial provincial preguntado por sus previsiones. Este magistrado que viene de la sección de lo civil y que ahora preside la Audiencia de Palma tras dos años convulsos marcados por la interinidad del anterior presidente y el bloqueo del CGPJ, ahora asume que los retrasos son la principal preocupación de la población que espera un juicio.
Asumiendo su "papel institucional", sin embargo, Oliver ha valorado la politización de la justicia, solo "en algunos casos", que "no impide" que los jueces hagan su trabajo "caso a caso". Además, confía el presidente de la Audiencia de Palma en la ley de eficiencia del Gobierno central que podría "ayudar" a desatascar la situación.
Preguntado el nuevo presidente de la Audiencia de Palma por los ataques del Gobierno a algunos jueces y magistrados, como en el caso de Begoña Gómez, responde Oliver en los micrófonos de Onda Cero que la mayoría" de jueces hacen su trabajo de forma "imparcial", algo que suscribe "con rotundidad". Así ha contestado a las preguntas de ElkaDimitrova en el programa 'Más de uno Mallorca'.
Por otro lado, en palabras de este magistrado, ha habido "algunos casos" de pulseras anti-maltrato en Baleares que "han fallado" aunque sin poner en peligro "la integridad de las víctimas de violencia de género".