Nueve policías locales de Palma, un funcionario municipal y un empresario del ocio nocturno se enfrentan a 50 años de cárcel por presunta corrupción en s'Arenal

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares arranca este lunes el juicio, previsto para toda la semana, contra nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y un empresario del ocio nocturno acusados de formar una trama para beneficiar a los locales propiedad de éste último en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente.

Cabe recordar que el pasado 18 de enero se celebró la vista previa contra los 12 acusados en el conocido como caso Pabisa, finalizando la misma sin acuerdo entre las partes.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau pide para todos los procesados penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho.

Se trata de una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma.

Los hechos incluidos en esta pieza habrían tenido lugar entre 2007 y 2015. Se investiga si hubo preavisos de inspecciones a locales del Arenal del empresario Miguel Pascual, si existía orden de trato preferente en estos locales por parte del funcionario que tenía competencias en materia de licencias y si contaban con vigilancia, por parte de algunos agentes, para que locales no tuvieran que contratar seguridad privada.

El escrito de acusación recoge, entre otras cuestiones, momentos en los que el propio empresario acusado recriminaba a agentes de la Patrulla Verde que hicieran inspecciones sin avisar e incluso amonestaciones a agentes por parte de superiores por no obedecer órdenes precisas de trato de favor. Además, constan inspecciones con resultado positivo que no llegan a tramitarse o sancionarse.

En definitiva, según el relato del fiscal, el empresario obsequiaba con servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los otros acusados a cambio de que le avisaran de las inspecciones para, por otra parte, que empleados en situación irregular no estuvieran trabajando en esos momentos.

Carrau recoge igualmente que el empresario habría dado orden a sus subordinados para que prestaran trato de favor al funcionario acusado y que disfrutara de servicios sexuales y consumiciones gratis. Este funcionario, con competencias en urbanismo, licencias y actividades, habría intervenido en expedientes relacionados con locales del empresario encausado.

Además, algunos oficiales daban órdenes a agentes uniformados y motorizados en su reparto diario de funciones para que se apostaran en alguno de los locales del empresario y evitar así que tuviera que contratar seguridad privada. Esto suponía desprotección para otros locales de la competencia. En relación a este último asunto, varios agentes de la Policía Local de Palma elevaron una queja a sus superiores.

Para el empresario, el fiscal reclama cinco años de prisión por un delito de cohecho activo continuado y multa de 60.000 euros (20 meses con cuota de 100 al día). Por su parte, uno de los subinspectores y jefe de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada, a cuatro años y medio por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.

Los otros agentes y oficiales, así como el funcionario municipal, se enfrentan cada uno a cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 48.000 euros por cohecho pasivo continuado.