Médicos del Mundo denuncia la "falta grave de previsión" con el desalojo de la cárcel
Insta a Cort a habilitar alternativas habitacionales dignas o aplazar el desalojo hasta garantizar una solución que proteja los derechos fundamentales de los afectados
Médicos del Mundo Baleares ha denunciado este miércoles la "grave falta de previsión y planificación" del Ayuntamiento de Palma ante el inicio del proceso de desalojo previsto en la antigua cárcel de Palma, un espacio en el que, según el último recuento de 2025, residían 250 personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas con problemas de salud.
En un comunicado, la entidad ha destacado que, pese a la magnitud del impacto que esta actuación tendrá sobre estas personas, no se ha producido un aumento proporcional de las plazas de primera acogida, ni se han habilitado recursos habitacionales alternativos suficientes para absorber la demanda que generará el desalojo.
Por ello, advierten que, de ejecutarse en las condiciones actuales, "250 personas quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud y una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización".
En este sentido, Médicos del Mundo recuerda que el sinhogarismo representa una vulneración del derecho a una vivienda digna, así como un grave retroceso en los avances en materia de inclusión y salud comunitaria, "generando un coste humano y social mucho mayor que el que supondría articular soluciones preventivas".
La situación, advierten, se ve agravada por las condiciones de frío propias de esta época del año, que incrementan de forma significativa el riesgo de enfermedades respiratorias, complicaciones médicas y situaciones de emergencia vital, especialmente en personas con patologías previas.
Por todo ello, Médicos del Mundo Baleares insta al Ayuntamiento de Palma a "asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable".