Los sindicatos denuncian la rapidez con la que se está aplicando la reorganización de la Administración de Justicia impulsada por el Ministerio, que afecta a un millar de funcionarios en Baleares. El cambio se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que prevé la integración de los juzgados en tribunales de instancia, junto a nuevos servicios comunes.
Este proceso implica la reordenación de puestos de trabajo, cambios en funciones y traslados internos del personal. Desde el sindicato denuncian falta de información, carencia de medios y un calendario demasiado ajustado, según el portavoz del CSIF, Pablo Rodríguez, que además ha asegurado que "están desmantelando los juzgados de Palma".
Los representantes de los trabajadores reclaman formación y garantías para que el proceso no repercuta negativamente en el servicio. Así lo ha defendido José Antonio Muñoz, delegado sindical de los juzgados de Sa Gerreria de Palma, que además ha alertado de los "retrasos judiciales que afectarán a la ciudadanía".
A pesar de la situación actual de los juzgados, los sindicatos entienden que se trata de una reforma para modernizar el sistema y ganar agilidad, tal y como defiende el Ministerio de Justicia.