José María Rodríguez ingresa en el CIS de la prisión de Palma
El exdelegado del Gobierno tenía hasta el sábado para ingresar en la cárcel, después de que el Tribunal Supremo desestimara su recurso contra la sentencia y confirmara la condena a tres años y medio de cárcel por el caso Over.
El expresidente del PP de Palma y exconseller de Interior del Govern, José María Rodríguez, ha ingresado este lunes en el Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Palma para cumplir su condena a tres años y medio de cárcel por el caso Over.
El exdelegado del Gobierno central había recogido este mismo lunes en la Audiencia Provincial de Baleares la orden de entrada en prisión y tenía hasta el sábado para ingresar en la cárcel, después de que el Tribunal Supremo desestimara su recurso contra la sentencia y confirmara la condena.
Rodríguez ha comparecido en la Audiencia por la mañana acompañado del abogado Gaspar Oliver. Se da la circunstancia de que el Tribunal retomaba este lunes el macrojuicio del caso Cursach, lo que ha propiciado que la llegada de Rodríguez fuera captada por las cámaras que esperaban fuera.
Cabe recordar que el exconseller ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que argumenta que se habría vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva en el procedimiento de Over Marketing.
Este recurso suponía un último movimiento para evitar la prisión y de hecho solicitaba suspender el ingreso como medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional todavía no ha respondido y la admisión a trámite de este recurso no se ha incluido, de momento, en las previsiones de las salas en octubre.
Rodríguez fue condenado por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en el 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial también le impuso una inhabilitación durante nueve años. Sin embargo, le absolvió del otro delito de prevaricación y fraude por el que estaba acusado.
El expresidente del Govern Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Daniel Mercado --el dueño de Over Marketing--.