El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha avisado que la regularización extraordinaria de personas migrantes supondrá una mayor saturación de los servicios públicos y un impacto en el precio de la vivienda. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha acusado al Gobierno de España de impulsar este proceso "sin planificación, sin consenso y sin calcular las consecuencias que se pueden derivar a futuro".
En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de ser "irresponsable" por no calcular este impacto. "En Baleares el delegado del Gobierno dijo que serían 10.000 personas y ha sido el triple", ha agregado. Según Costa, "quienes cargan con esta gestión son el conjunto de los ciudadanos, los servicios públicos, las comunidades autónomas y ayuntamientos".
También ha incidido en la idea que lleva denuncian el Govern desde el inicio del proceso de que esta regularización provocará un "efecto llamada". Costa ha sostenido, como ya hizo la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, el pasado martes, que "de las primeras preguntas que hacen las personas que llegan en patera es dónde se tiene que ir para presentarse al proceso".
Por otro lado, ha hecho hincapié en las reagrupaciones familiares que, a su entender, supondrán que la cifra de las más de 34.000 personas que han solicitado regularizar su situación aumente.
"HIPOCRESÍA" DE LA IZQUIERDA
El también vicepresidente ha arremetido contra los partidos de izquierda que están a favor de la regularización extraordinaria, afeando que "luego defienden el decrecimiento".
"Defienden la identidad y hablan de cambio de modelo económico pero no tienen ningún problema con que se haya regularizado a 34.000 personas", ha dicho, a la vez que les ha reprochado si "se puede ser más hipócrita o incoherente".
Según Costa, estos partidos serán los que cuando haya episodios de saturación de los servicios públicos, criticaran al Govern. "Con una mano defienden la regulariación y con la otra dicen que la situación de los servicios públicos es complicada", ha zanjado.