El Govern ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y fija en 434 las plazas de referencia para Baleares.
El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer este recurso, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.
Según el Govern, los criterios para determinar la capacidad ordinaria --que pasa de 406 a 434 plazas-- no están "suficientemente justificados". "Se da un trato favorable para unas comunidades y desfavorable para otras", ha criticado Costa.
La norma establece ocho criterios diferentes, con porcentajes e índices diversos, pero, según el Ejecutivo, no explica las razones que han llevado a establecerlos ni justifica adecuadamente el resultado asignado a cada comunidad autónoma.
El Govern también cuestiona la competencia del Estado para establecer mediante un real decreto la capacidad ordinaria de los sistemas de protección y tutela de menores de todas las comunidades autónomas.
En los recursos anteriores, la Comunidad Autónoma ha alegado que la protección de menores es una competencia autonómica exclusiva y que, en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 5 de mayo de 2025, no se sometieron a votación los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria.
Este recurso da continuidad a las actuaciones judiciales impulsadas por la Comunidad Autónoma en relación con la normativa estatal sobre contingencia migratoria y protección de menores extranjeros no acompañados.
El Govern ya ha interpuesto recursos contra el Real Decreto 658/2025 y contra el Real Decreto 743/2025, que asignaba a Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores.
El pasado 15 de julio, la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma emitió un informe sobre la procedencia de impugnar el nuevo real decreto. De este modo, el Govern ha autorizado este viernes la interposición del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.