El Govern balear no podrá personarse en el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha rechazado la petición de Baleares de personarse como acusación particular en el procedimiento, mientas no acredite "el eventual perjuicio" causado por los hechos que se investigan.

Así lo señala el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en un auto en el que dispone que no procede la personación del abogado de la comunidad autónoma para actuar en representación de su servicio de salud de esa comunidad en calidad de acusación particular mientas no acredite ese eventual perjuicio en la compra de mascarillas por importe de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.

En el auto, el juez recuerda que el fiscal ha estimado que "no puede entenderse que haya existido perjuicio para la Administración de Baleares" porque el contrato para adquirir mascarillas FFP2 se financió con fondos europeos. Esta resolución podrá ser recurrido ante el mismo tribunal en el plazo de tres días.

EL JUEZ DEL CASO 'TSUNAMI' TUTELARÁ LA CAUSA

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que García Castellón actuará como juez de garantías para autorizar las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación. El magistrado también investigó en la Audiencia Nacional al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' en octubre de 2019. El Tribunal Supremo asumió la investigación por la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado y le abrió causa penal por unanimidad.

La Fiscalía Europea adoptó esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros de la presunta 'trama Koldo', que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia. Según precisaron, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman a Europa Press que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.