Dos exconsellers se desvinculan de las irregularidades en un patrocinio de 350.000 euros y apuntan a Matas

El que fuera conseller de Turismo y la de Presidencia y Deportes durante el último mandato de Jaume Matas, Joan Flaquer y Rosa Puig, respectivamente, se han desvinculado este martes ante el juez José Castro de las presuntas irregularidades que rodearon al convenio para el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, que costó a las arcas del Govern 350.000 euros y del que resultó beneficiaria la empresa Nimbus, objeto de investigación en varias de las piezas del conocido como caso Palma Arena.

Junto a ellos también han sido interrogados el exdirector general de la Conselleria de Presidencia Antoni Amengual, el de Turismo Javier Cases, la exjefa de gabinete de Matas Dulce Linares, el que fuese gerente de la Escuela Balear del Deporte Josep Barceló, y el exdirector general de Comunicación Joan Martorell, mientras que no ha podido asistir el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester.

Los exaltos cargos han manifestado que la decisión última de adjudicar el convenio correspondió a Matas.

Los testigos han manifestado que las actas del Illesport, órgano que intervino en la contratación, eran falsas puesto que las reuniones de las que pretendían dar fe no tuvieron lugar, a lo que se suma la inexistencia de convocatorias, de orden del día y de no asistencia por parte de quienes figuran en los documentos.

Se da la circunstancia de que a principios de marzo Castro abrió paso para que Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados en el marco de esta pieza por presuntos delitos de fraude a la administración y prevaricación con motivo de la campaña de comunicación del campeonato del mundo de ciclismo que debía celebrarse en el velódromo palmesano.

Junto al exdirigente del PP también acordó que continúe el proceso penal, de cara a ser juzgados por estos hechos, contra el exgerente del Ibatur Raimundo Alabern y el propietario de la agencia Nimbus, Miquel Romero. No obstante, la Abogacía de la Comunidad Autónoma reclamó la práctica de estas nuevas diligencias. Alabern ha sido citado a declarar como investigado, por su parte, el próximo 24 de mayo.

En concreto, la complejidad del caso Palma Arena llevó a la apertura de hasta 28 piezas separadas. La causa estalló a raíz del sobrecoste de más de cincuenta millones de euros en la construcción del velódromo, cuyas obras fueron inicialmente presupuestadas en 47 millones y acabaron costando 110.

Entre las decisiones que llevaron a ese desfase se encuentra la firma, el 24 de enero de 2007, del contrato para el diseño de la campaña de comunicación del campeonato, que preveía compensaciones a razón de los patrocinios que obtuviera Nimbus. Uno de los patrocinios a los que aspiraba la empresa era el del Ibatur y a tal efecto Romero presentó solicitud a Alabern, el viernes 16 de marzo, por importe de 350.000 euros.

Tal y como relataba Castro en su auto, se trata de una petición que mereció una acogida "tan calurosa" que, tres días después, lunes, fue otorgada.

"No es ya, con ser mucho, que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente, tampoco que el importe concedido por la Administración, nada menos que 350.000 euros, se corresponda justo con la cantidad solicitada, sino que además se da el caso pintoresco de que la respuesta favorable se anticipa a la resolución que concedió el patrocinio, que tuvo lugar el día siguiente", añade.

Es más, apunta Castro, la concesión estuvo precedida de un denso informe de once folios emitido el mismo día por el entonces asesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, "de cuya eficiencia no hay que sorprenderse porque se trata de un informe de plantilla heredado de su antecesor" y que no fue actualizado "para justificar esa anormal celeridad y distorsión de fechas".

Así las cosas, "el mismo y apretado día" 20 de marzo de 2007 Alabern emitió la propuesta de resolución que fue aprobada, también ese mismo día, por el presidente del Ibatur, Joan Flaquer, rubricándose al día siguiente el convenio de colaboración entre el Ibatur y Nimbus por los 350.000 euros solicitados. Según uno de los imputados del caso Palma Arena, el arquitecto Jaime García-Ruiz, Nimbus ya estaba trabajando en el convenio antes de su firma.