La Autoridad Portuaria de Baleares aplaza la reordenación del puerto de Palma tras las críticas recibidas
El puerto de Palma ha aplazado su reordenación en busca de un nuevo modelo con más industria, menos congestión y más interacción ciudad-puerto
Illes Balears |
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha decidido aplazar hasta su próxima reunión la decisión sobre la propuesta de reordenación del puerto de Palma. El objetivo es buscar un nuevo modelo que contemple un mayor impulso a la industria de reparación y mantenimiento de embarcaciones en el dique del Oeste, una mejor descongestión de los tráficos regulares de mercancías y pasajeros, y un aumento de los espacios destinados a la interacción entre el puerto y la ciudad.
La decisión se ha tomado tras las críticas recibidas al proyecto inicial, tanto por parte de grupos políticos como de la Plataforma contra los Megacruceros, que lo consideraban una ampliación encubierta del puerto. La APB ha insistido en que se trata de un cambio de usos en determinadas áreas y no de una ampliación, y ha asegurado que buscará la colaboración de todas las administraciones implicadas para mejorar los accesos terrestres al puerto.
En concreto, el Consejo ha acordado aplazar la decisión de iniciar la redacción de los estudios y proyectos para la reordenación del puerto y buscar la colaboración con el resto de administraciones y organismos para la mejora de los accesos terrestres al puerto. También que las posteriores superestructuras e instalaciones se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, calidad de servicio, seguridad y respeto al medio ambiente. En la misma sesión, el Consejo ha acordado por unanimidad desistir de la tramitación ambiental del plan aprobado en 2020 sobre el dique del Oeste, suspender durante un mes el contrato de asistencia técnica para la redacción de los proyectos del plan de 2020 y liquidar los trabajos realizados hasta la fecha.
El nuevo modelo de reordenación del puerto de Palma se encuentra en fase de estudio y consenso, y será debatido con las administraciones públicas, entidades empresariales y sindicales, la comunidad portuaria y el resto de grupos de interés.