Aplazan 15 días el desahucio de una mujer y su hijo discapacitado en Camp Redó

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha logrado aplazar durante 15 días el desahucio de una mujer de 67 años y su hijo con un grado de discapacidad del 50 por ciento después del primer intento de desalojo de este martes.

La portavoz de organización, Àngela Pons, ha explicado que un grupo de personas se ha concentrado frente a la vivienda en la que residen en la calle Sant Vicenç de Paül de Palma, ubicada en la barriada de Camp Redó, y tras una breve negociación con la comitiva judicial han conseguido paralizar el desahucio dos semanas.

De acuerdo con el relato de los hechos de la PAH, esta situación se deriva de un préstamo "usurero" que solicitó la pareja de la mujer --ya fallecida--, que generó una serie de impagos. En la liquidación del préstamo en 2015, el prestamista particular se quedó con un garaje propiedad de la familia pero restaron 40.000 euros por saldar, por lo que ejecutaron el inmueble que ahora pretenden desahuciar.

Más tarde, el prestamista vendió la vivienda a un fondo de inversión por 14.000 euros sin ofrecer derecho de tanteo a la familia, que 12 años después les han notificado que deben abandonarla.

"Desde el momento en el que se inicia el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta ahora existen sentencias contra este tipo de préstamos usureros para evitar este tipo de abusos, especialmente contra familias que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad, sin medios ni conocimientos para hacer frente a este tipo de situaciones", han alegado desde la PAH.

De igual modo, han resaltado las "carencias" que, desde su punto de vista, se han dado en este caso para garantizar una la tutela judicial efectiva, ya que esta persona tiene dificultades para comprender las cláusulas del crédito solicitado.

Por esto, han criticado que se permita que familias vulnerables se enfrenten a "profesionales de la usura" y a entidades financieras con "recursos ilimitados", cuando estas familias "tan sólo ejercen su derecho a una vivienda digna y se encuentran con contratos "ininteligibles", procesos legales y judiciales "complejos", con una "legislación cambiante y una falta de información que les aboca a la ruina y, en última instancia, a la calle".

Por esto, han reclamado una "mejor tutela judicial" que cuide a los "más vulnerables", además de pedir una revisión de los casos para garantizar los derechos de la ciudadanía, mediante un refuerzo en el sistema judicial y el turno de oficio del colegio de abogados.

La PAH ha reivindicado que lucharán para conseguir una "vivienda digna" para estas personas, ante las "carencias del sistema" que "ha expulsado a estas personas". De hecho, Pons ha asegurado que han acompañado a la afectada para solicitar al Govern una vivienda, ya sea a través del Ibavi o entidades del tercer sector.