Acuerdo entre Govern, El PI y la patronal hotelera para modificar la ley turística

El Govern balear ha alcanzado este martes un acuerdo con El PI-Proposta per les Illes en relación a un paquete de enmiendas a la futura ley turística, en tramitación parlamentaria, y que contempla, entre otras cuestiones, que establecimientos hoteleros puedan convertirse en viviendas si destinan la mitad a vivienda protegida.

Concretamente, el acuerdo alcanzado entre los partidos que apoyan al Govern --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos--, con El PI y con el beneplácito de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), tiene que ver con una veintena de las 238 enmiendas a la futura ley turística, y que se refieren, principalmente al intercambio y la futura reducción de plazas y el cambio de uso.

En declaraciones a los medios en el Parlament, el portavoz de El PI en la Cámara, Josep Melià, ha detallado el contenido del acuerdo. Según ha trasladado en una comparecencia junto al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la presidenta de la FEHM, María Frontera, y los portavoces de los partidos del Pacte, el acuerdo recoge la "cuestión clave" del cambio de uso de establecimientos obsoletos.

Así, establecimientos o solares podrán cambiar de uso y pasar a ser de uso sociosanitario, administrativo, para oficinas o para vivienda. En este caso, si se trata de un solar vacío, el 30 por ciento tendrá que reservarse a viviendas públicas, mientras que si ya existe una edificación este porcentaje se elevará al 50 por ciento.

En este aspecto, las plazas turísticas del establecimiento reconvertido solo podrán ser objeto de intercambio entre particulares.

Además, en caso de que los establecimientos estén dados de alta, será condición para el intercambio la subrrogación de la totalidad del personal por parte de la persona física o jurídica adquiriente.

Según Melià, es una fórmula "más flexible" que la que "fracasó" en 2020 y, además, redundará en beneficio de una de las principales problemáticas que afronta el archipiélago como es la falta de vivienda.

En relación a la eficiencia energética, Melià ha explicado que el acuerdo recoge el compromiso de la Conselleria de Medio Ambiente de mejorar la seguridad jurídica en el caso de que se constate la imposibilidad de llevar a cabo las sustituciones previstas de calderas de gasoil.

Sobre modernización, el texto recoge las matizaciones en relación a la ampliación de los hoteles a cambio de reducir las plazas hoteleras. En este caso, los pequeños establecimientos de 150 o menos habitaciones quedarían exentos.

De este modo, se ha acordado introducir una escala gradual en relación al porcentaje de modernización de los establecimientos y la reducción de plazas.

Así, los establecimientos en los que la modernización suponga un aumento de la edificabilidad igual al máximo aplicable a nivel insular (un 15 por ciento) la reducción de plazas será del cinco por ciento. Si es del 75 por ciento del máximo aplicable, la reducción será del cinco por ciento y si es del 50 por ciento del máximo aplicables, la reducción será del dos por ciento. Finalmente, si la modernización es del 20 por ciento del máximo aplicable, la reducción de plazas será del uno por ciento.

Por último, tras el acuerdo, las camas que estén dentro de establecimientos ubicados en edificios catalogado como Bien de Interés (BIC) o sean elementos patrimoniales en sí mismo, no tendrán que ser sustituidas.

Cabe recordar que este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, explicó que el acuerdo de enmiendas, que se estaba negociando, preveía que el decrecimiento de plazas opere dentro de cuatro años, cuando acabe la actual moratoria.

Y, que cuando se levante esta moratoria, a la vez que se deberán reducir las bolsas de plazas --que dependen de los consells insulares--, el intercambio de plazas también se reducirá mediante un sistema de "dos por uno".

Para el conseller Iago Negueruela, esta fórmula de "dos por uno no suponía hablar de decrecimiento, sino de "mejora de la competitividad del sector". "Todo lo nuevo, excepto la compra directa, irá a un modelo de reducción de plazas en una proporción razonable y a largo plazo", añadió.

"Estamos hablando de que tenemos 433.000 plazas, quedan en las bolsas 20.000, hasta llegar a 450.000 plazas. Los consells no tienen ni que suprimirlas, pueden reducirlas", especificó Negueruela, quien remarcó que la futura ley "no pone en riesgo" 100.000 plazas, como afirmó el portavoz del Grupo Popular, Toni Costa. Puesto que, detalló que estas plazas a las que hacía referencia el portavoz 'popular' son en realidad 90.000 plazas de alquiler vacacional, que no se regulan a través de esta nueva normativa.